Emasesa ha atendido en dos meses a 931 familias en la ciudad y 3.005 en su área de influencia para sus ayudas sociales. Para evitar que haya cortes de suministro para quienes sufren una carestía de recursos económicos, la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Agua tramitó 1.420 y 4.735 facturas, respectivamente.

La empresa municipal puso en marcha un paquete de ayudas sociales para asegurar así el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano básico. En concreto, ha destinado 1,1 millones de euros para garantizar que no se produzca ningún corte de agua a quien no pueda pagarla. Si una persona o familia no puede hacer frente al pago de la factura por dificultades económicas, debe dirigirse antes del vencimiento a la oficina de la sede central de Emasesa, a los puntos de atención al cliente repartidos por los once distritos de la ciudad o a las diferentes oficinas repartidas en las once poblaciones a las que abastece.

A las personas o familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad para hacer frente a los pagos, según el Ayuntamiento, se les informa y además se les gestionan las ayudas sociales establecidas en colaboración con los servicios sociales municipales. Son éstos los que deciden, tras un estudio de la situación de las familias implicadas, a qué modalidad de la ayuda pueden acogerse.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado que Emasesa sólo tendrá clemencia con las familias que acrediten ante Servicios Sociales que no tienen dinero ni para pagar la factura del agua corriente. Quienes pretendan «abusar o defraudar» de esta garantía de la Administración local sí sufrirán el corte en el suministro, por lo que el Ayuntamiento descarta que se vayan a multiplicar los morosos tras el anuncio de que nadie con graves dificultades económicas se quedará sin agua.

Esta es la tesis del alcalde: «Una familia que de verdad pueda acreditar ante los Servicios Sociales que no tiene recursos económicos para poder hacer frente a los recursos vitales básicos, tiene que tener el apoyo de la Administración. Pero el Ayuntamiento tiene la misma responsabilidad de velar para que no haya ni fraude ni nadie que abuse de una situación que no esté justificada porque sí tenga recursos económicos mínimos para poder atenderla».