Hace 20 años, el 25 de abril de 1998, aconteció la rotura de la enorme balsa de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóllar, gestionada por la multinacional minera sueca Boliden. Sevilla y Andalucía fueron noticia de  impacto mundial durante varios días por una catástrofe medioambiental de enormes consecuencias. Que podían haber sido mucho más graves para el futuro de Sevilla y Andalucía, porque faltó poco para que se hubiera extendido en los cinco continentes el miedo a los productos agroalimentarios andaluces y el miedo al territorio del Bajo Guadalquivir y costas cercanas como destino turístico. Afortunadamente, no llovió durante aquellos dramáticos días y semanas de abril y mayo en los que profesionales y voluntarios se afanaron sin descanso para acotar el avance de la riada tóxica. Muchos expertos que realizaron entonces una labor admirable comentaron que si el desastre hubiera coincidido con días primaverales de lluvia, no se podría haber evitado la contaminación de Doñana y las marismas.

La regeneración medioambiental de lo que ahora se denomina Corredor Verde del Guadiamar es una labor reconocida a nivel mundial como una de las mejores experiencias en ese sentido. Ese indudable logro, con el mérito aportado por integrantes de centros científicos y de universidades con base en Sevilla, no puede desviar la atención sobre el quid de la cuestión: Hubo que destinar 250 millones de euros del dinero de todos los contribuyentes para frenar y remediar un desastre que fue previsto, alertado y denunciado desde 1995 y 1996 por parte de ingenieros y científicos. Y tanto varias consejerías del Gobierno andaluz como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente del Gobierno español) miraron para otro lado, imponiéndose intereses políticos y empresariales para aplicar silencio o mordaza a la verdad. Veinte años después, la Junta de Andalucía aún no ha sido capaz de lograr que Boliden haya pagado un solo euro.

Desde la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta recomendamos a toda la ciudadanía, sea cual sea su edad, este ejercicio de memoria histórica y de educación cívica. Ver los 15 minutos de este video que incluye los reportajes e informaciones elaboradas de 1996 a 1998 sobre este tema por el periodista José María Montero, de Canal Sur Televisión, y emitidas por la emisora pública. Fue José María Montero quien, en un informativo de la televisión andaluza, logró que el ingeniero de minas Manuel Aguilar Campos alertara públicamente sobre las denuncias, técnicamente muy documentadas, que había elaborado para alertar sobre el pésimo estado de los recrecidos muros de la balsa de residuos tóxicos. Y cómo ya había vertidos que estaban contaminando, y cómo predijo que se vendría abajo. Manuel Aguilar se lo dijo a los directivos de su empresa, Boliden, y le despidieron. Llevó los informes a la Junta de Andalucía, la institución pública obligada, desde varios de sus departamentos, a velar por el estado de una industria peligrosa y por la prevención del medioambiente. Y no intervinieron para que se paralizara la actividad minera, ni para que se urgiera a actuaciones de emergencia, ni para imponer sanciones. Pese a que técnicos de la propia Junta de Andalucía corroboraban que eran verdad tanto las filtraciones como la inestabilidad estructural de la enorme balsa.

Echamos en falta que en los medios de comunicación de titularidad pública, como Canal Sur, no se haga de modo constante esta labor periodística consustancial a la justificación de su existencia. Aportar verdad y criterio para beneficio de la sociedad, aunque sea una verdad incómoda para gobernantes y para otro tipo de poderes fácticos.

Desde la verdad, se hubiera sancionado antes del desastre a una multinacional que había cobrado 37 millones de euros, dinero de todos los contribuyentes, como subvención a fondo perdido para favorecer que mantuviera 430 empleos en Aznalcóllar. Y se hubiera evitado el desastre cerrando la mina mientras no se garantizara la seguridad medioambiental. Por mantener coyunturalmente 430 empleos en dicho municipio (que después se perdieron durante lustros) se puso en serio riesgo el empleo de decenas de miles de personas en otros sectores sociales y productivos. Y después hubo que destinar una cantidad enorme de dinero público a paliar la catástrofe. ¿Cuánto empleo podría haberse creado en Andalucía destinando esos 25o millones de euros a becas de investigación científica, por ejemplo?

También recomendamos asistir y/o conocer los contenidos da la jornada que este jueves 26 de abril organiza en Sevilla el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (Irnas), centro científico del CSIC, en su sede del campus de Reina Mercedes, desde las 9:15 y hasta las 14:00. A lo largo de estos veinte años, numerosos grupos de investigadores del Irnas han trabajado en el análisis y regeneración de la comarca del Guadiamar. El acto, coordinado por la investigadora Paula Madejón, se denomina ‘Jornadas de Investigación del XX aniversario del accidente minero de Aznalcóllar: recuperación de suelos y servicios ecosistémicos‘. Este es el enlace al programa.

Y para tener más contexto sobre el pasado, presente y futuro de la mina de Aznalcóllar, y sobre la situación medioambiental de una parte de la provincia de Sevilla, aportan valor añadido este análisis del periodista Alfredo Martínez, de la Agencia Efe; este reportaje de la periodista Isabel Morillo en El Confidencial.com, y los datos expuestos por Antonio Ramos, de Ecologistas en Acción, en este comunicado.