El Gobierno afronta en el Congreso de los Diputados la convalidación del  Real Decreto-Ley 4/2017 que liberaliza la estiba en los puertos sin un acuerdo con estibadores y empresarios del sector. Así, en una reunión mantenida este miércoles, la patronal y sindicatos de la estiba rechazaron la oferta de negociación del Ministerio de Fomento, que ofrece prejubilaciones voluntarias para los trabajadores con 50 años, manteniendo el 70% del sueldo.

Los estibadores están en contra de la reforma planteada por el Gobierno, que responde a la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014 que obliga a liberalizar el sector para garantizar la competencia por considerar que el régimen legal en el que se desenvuelve el servicio portuario de manipulación de mercancías contraviene el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Para entender el conflicto hay que tener en cuenta el particular sistema de contratación del sector, el único en España que no está abierto a la libertad de contratación. Es decir, este régimen obliga con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos españoles a inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, no permite recurrir al mercado para contratar su propio personal. Es decir, la única vía de contratación es a través de estas sociedades.

La normativa europea para regular la actividad laboral en los puertos supone un avance positivo que ayuda a mejorar nuestro modelo socioeconómico porque impide los privilegios corporativos y favorece la igualdad de oportunidades para que cualquier empresa, y cualquier persona, pueda aspirar a trabajar en la labor de estiba. Eso es lo propio de una sociedad abierta.

Los trabajadores, sin embargo, rechazan la reforma del sector que plantea el Ejecutivo porque creen que abre la puerta a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto y han amenazado con huelgas que podrían provocar un fuerte impacto en la economía nacional (y, por supuesto, en la de Sevilla, que tiene Puerto), ya que si la estiba se detiene y los puertos se paran, se vería perjudicado el comercio.

Para entender todos los pormenores de esta situación se celebra este viernes 17 de 9.30 a 13.30 horas un seminario en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Sevilla  (Avda. Enramadilla, 18) con representantes de todos los sectores enfrentados -estibadores, empresas portuarias y autoridad portuaria- y al que podrá acudir cualquier ciudadano.

Una oportunidad para conocer las claves la palpitante cuestión del conflicto que tiene al país pendiente de una posible condena multimillonaria por la Comisión Europea.

Entre los participantes se encuentra el líder nacional de los estibadores, Antolín Goya, así como el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Gracia, y el director de la terminal semiautomatizada del puerto de Algeciras, Alonso Luque, en nombre de las empresas portuarias. Además de Juan Gorelli Hernández, secretario general de la Universidad de Huelva; Antonio Ojeda Avilés, presidente del Instituto Estatal de Relaciones Industriales; Rosa Díaz Ramos, abogada y profesora de la UPO: SAGEP, ETT y Centros Portuarios de Empleo en la colocación de estibadores; Teresa Igartua, profesora de la US: Riesgos profesionales de los estibadores;