Compartimos un análisis escrito por Carlos Rodríguez Estacio, vicepresidente de la asociación de profesores de instituto [Piensa], docente de prestigio y significado por la defensa de la crucial labor de la función docente en la conformación de la sociedad. En él, publicado como tribuna de opinión en ABC de Sevilla, denuncia lo grave que es conculcar el principio de presunción de inocencia, y lo absurdo que es obligar a todos los profesores a hacer una declaración de que no tienen antecedentes como delincuentes sexuales.
Para darle contexto a sus palabras, proponemos visitar, por ejemplo, esta noticia de ABC de Sevilla donde se alude a que la Junta exige a los maestros andaluces que demuestren que no han cometido delito sexual, una postura que ha causado indignación en parte del profesorado, por tratarse de una exigencia que califican de «insulto». A continuación, el texto de Rodríguez Estacio:
PRESUNTOS IMPLICADOS
La Consejería de Educación nos sorprende este fin de curso con la obligación de que los docentes declaren la inexistencia de antecedentes relacionados con delitos sexuales y además consientan expresamente que la Administración acceda al Registro Central de Delincuentes Sexuales para comprobarlo.
Algunas reflexiones urgentes:
- Es inaceptable que la Consejería abra un procedimiento de estas características en pleno fin de curso y con solo 10 días de plazo (que coinciden con los últimos 10 días del curso, los más intensos).
- La Instrucción declara basarse en una Ley estatal, pero es ciertamente ridículo que una Instrucción (que no tiene siquiera rango de norma) a nivel autonómico desarrolle una Ley estatal de hace 20 años.
- Dicha norma estatal, además, habla sólo de requisitos de acceso, mientras que en Andalucía se aplica retroactivamente a todo el profesorado.
- La Administración prohíbe expresamente que dicha declaración/consentimiento se entregue presencialmente. Sólo puede hacerse a través del Portal Docente virtual. Contrasta la gravedad del tema –que supuestamente justificaría esta forma excepcional de actuar- con una presentación sin firma: “declare y consienta a golpe de click”.
- Resulta improcedente solicitar, por un lado, una declaración y, por otro, una autorización (o una certificación negativa del Registro) para comprobar la veracidad de lo declarado. Si van a verificar nuestros antecedentes, ¿para qué pedirnos la declaración?, ¿quieren acaso comprobar si somos mentirosos además de pedófilos?
- Sin duda, se trata de un tema muy delicado en el que hay que redoblar esfuerzos para erradicar cualquier posibilidad de abuso, aunque la incidencia sea muy escasa. Ahora bien, llama la atención la muy diferente actitud que esta misma Administración mantiene respecto a la lacra de la violencia escolar (siempre son “hechos aislados”), que afecta a los mismos menores pero de manera mucho más amplia y repetida (según el Informe Cisneros, la comunidad andaluza es donde se registran más casos de violencia escolar).
- La medida es ineficaz e innecesaria: si hay la menor sospecha de abuso, cualquier juez autorizaría de inmediato a la Administración el acceso a la información que se nos pide. Es cierto que resulta deseable actuar de manera preventiva, pero para ello bastaría con que los organismos afectados se pusieran de acuerdo (el Registro Central de Delincuentes Sexuales depende de hecho de la Administración de Justicia) e intercambiaran la información pertinente, al igual que hace Hacienda sin necesidad de que autoricemos nada. Lo que no se puede, en ningún caso, es tratar al docente como un presunto delincuente sexual, como si el hecho de dedicarse a enseñar fuera ya indicio sospechoso de algún interés ilícito por los menores.
- Una presunción de este tipo sólo es eficaz para desacreditar (aún más) a los docentes. Hay ciertas profesiones especialmente sensibles al populismo y la demagogia; entre ellas, destaca la docencia. En el imaginario popular es fácil que encuentren eco acusaciones o insinuaciones de que el profesorado es indolente, autoritario, represor… Ahora se añade la posibilidad de que también sea pedófilo (“cuando se les pide eso, por algo será”).
- Una manera sencilla de constatar la devaluación del colectivo docente consiste en imaginar el escándalo que se produciría si se plantearan demandas análogas en otros ámbitos profesionales: a los psicólogos, certificación de no padecer trastornos mentales; a los bomberos, de no haber sido condenados por actos de piromanía; a los médicos, por agresiones; a los políticos, de no haber robado; etcétera.
- En definitiva, es una norma que sólo aporta más ruido a un escenario educativo que ya está saturado de ellos. La escuela es la institución social más valiosa, pues sin conocimientos nada humano es posible. Por ello, una sociedad que no respeta a sus docentes no se respeta a sí misma.
En la imagen superior, Carlos Rodríguez Estacio, vicepresidente del sindicato [Piensa].
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