Desde su constitución, la Fundación Savia ha elaborado propuestas e iniciativas que ayuden a reducir un problema que todos compartimos y que se está convirtiendo en un serio lastre al desarrollo y progreso social y económico: las trabas burocráticas. En el marco de esta línea de trabajo, la fundación está impulsando un debate público sobre este importante asunto y ha elaborado un manifiesto titulado Pacto Andaluz por la Calidad Institucional.
La primera firmante ha sido Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada. La asociación Iniciativa Sevilla Abierta se une a esta exigencia y animamos a la ciudadanía a sumarse a ella. Todas las personas interesadas en adherirse al manifiesto pueden contactar con la fundación en el correo electrónico aaguilera@fundacionsavia.org.
PACTO ANDALUZ POR LA CALIDAD INSTITUCIONAL
Son conocidas las potencialidades de Andalucía para propiciar un desarrollo que nos permita avanzar en la senda del progreso y creación de empleo. Es, también, conocido que, con independencia del ciclo económico, Andalucía muestra un diferencial negativo de tasa de desempleo estructural respecto de España y de los países de la zona Euro.
En este contexto, el fomento del emprendimiento, la creación de empresas y la consolidación de las existentes debe ser una prioridad para las Administraciones Públicas. Sin embargo, hoy las andaluzas y andaluces capaces y emprendedores ven ahogados sus proyectos y sus ilusiones en un mar de trámites y burocracia.
Las trabas burocráticas y administrativas son identificadas por todos los agentes sociales como un enorme obstáculo que dificulta la vida y el progreso íntegro de los agentes del territorio. Una enfermedad social que está haciendo que Andalucía no sea un territorio de referencia que le correspondería ser por sus características sociológicas, físicas, económicas y políticas.
Las instituciones públicas, como el conjunto de reglas y entidades que permiten el desenvolvimiento de la sociedad y la economía en un régimen democrático no tienen hoy la calidad que debiesen, al contrario, tenemos hoy en Andalucía y en España instituciones públicas disfuncionales, porque retardan, entorpecen y desincentivan la iniciativa privada.
Andalucía y España necesitan de la iniciativa privada, del fortalecimiento del tejido productivo. Necesitamos más y
mejores empresas, más y mejor sociedad. Porque en esa tarea, todos tenemos responsabilidad. Es necesaria la
movilización de la sociedad civil, la recuperación de principios y valores relacionados con el respeto y la honestidad. No podemos seguir siendo una sociedad que no rechace el fraude fiscal, nos perjudica hoy, estamos dañando el futuro de las próximas generaciones.
Desde las Administraciones Públicas se despliegan medidas y recursos que tratan de dinamizar el territorio, la sociedad y la economía, pero mientras no exista una verdadera conexión, una relación de confianza mutua entre los agentes sociales, no alcanzaremos la solidez institucional, democrática y económica que Andalucía se merece.
Existen organismos que no parecen tener la necesidad de resolver problemas, se evidencian torpes, inoperativos, lentos, ineficaces. Por el camino se queda el tiempo, el dinero y las ilusiones de los ciudadanos y los empresarios y la propia legitimidad de dichos organismos.
Quien suscribe el presente documento insta a las Administraciones Públicas, a los empresarios, a los ciudadanos, a
combatir con energía la burocracia, en la actualidad una lacra para Andalucía y su futuro. Pasemos todos a formar parte de la solución y asumiendo la responsabilidad que por nuestras competencias nos corresponden.
Por ello, requiere un verdadero cambio en las instituciones públicas que refuercen su compromiso, su calidad y su
vocación de servicio. En particular, solicita:
1.- Agilización legal de procedimientos de las Instituciones públicas y la reducción de trámites administrativos y
burocráticos para empresas y ciudadanos.
2.- Reducir los plazos de atención y respuesta para hacerlos acordes y útiles a las necesidades de la iniciativa privada.
3.- Compromiso y actitud de servicio público de todo el cuerpo político y funcionarial.
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