La Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, con el espíritu de independencia y con la vocación de sociedad civil que nos caracteriza para participar en la vida pública, considera que, ante las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre, como en todo periodo electoral, quien más protagonismo han de tener son los electores, más que los elegibles. Porque es la sociedad quien selecciona a sus representantes, a través del voto, y es la sociedad la que, desde el conocimiento de la realidad, ha de determinar el rumbo a seguir, con propuestas, con objetivos, con exigencias.

Por eso, personas que ya forman parte de la Asociación ISA, con experiencia y criterio en diversos sectores (función pública, política, economía, empresa, educación, medio ambiente, sanidad, participación ciudadana, ciencia, cultura, etcétera), y que, aun siendo de diversa procedencia, ideología, condición social y creencias, tienen como objetivo común contribuir a la prosperidad de nuestra sociedad, han elaborado propuestas en pos de mejorar la gobernanza de la comunidad autónoma y el desarrollo de toda la población.

Porque nos encontramos a la cola de toda España en muchos factores de bienestar, y nadie habla de ello. Ningún partido político está proponiendo de forma fundamentada, programática y atractiva para los electores cómo variar nuestro rumbo y solucionar problemas que nos lastran.

Todos conocemos casos de regiones y países que no hace muchos años también se encontraban en el furgón de cola de los índices de progreso, y que han conseguido con muchísimo esfuerzo y talento salir de esa situación. No debemos resignarnos a sufrir este atraso secular. Seamos orgullosos de Andalucía, de su rico pasado, pero también de su futuro, colaborando de forma comprometida en su progreso.

Si seguimos siendo indolentes, el rumbo no cambiará.

Las Propuestas para Mejorar Andalucía han sido presentadas el miércoles 14 de noviembre, en un acto en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, para, a partir de ahí, compartirlas y estimular que sirvan de referencia a las personas que, en las listas electorales de los partidos políticos, concurren a los comicios para representar a la sociedad en el Parlamento de Andalucía. Y, por supuesto, las difundimos desde los demás canales de comunicación de la asociación, para que estén a la vista de cualquier persona y compartirlas con el fin de que formen parte del debate en la opinión pública andaluza.

Estas propuestas no son un documento cerrado. La Asociación ISA continuará concretando más propuestas.

Quien esté interesado en aportarnos sus propuestas y sugerencias para que las conozcamos, puede hacerlo enviándolas a nuestra dirección de correo electrónico comunicacion@iniciativasevillaabierta.es

PROPUESTAS PARA MEJORAR ANDALUCÍA

El Gobierno andaluz que sea constituido con el apoyo de una mayoría de parlamentarios elegidos por los andaluces, debe:

1. TENER COMO PRINCIPAL OBJETIVO QUE ANDALUCÍA SALGA DE LOS PUESTOS DE COLA EN LA CLASIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS POR NIVEL DE PROGRESO Y DESARROLLO

Nuestro desconcierto mayor parte de la relación entre el futuro de nuestra Comunidad y los programas de los partidos para Andalucía. Nos parece que es un hecho incontrovertible que la Comunidad Andaluza lleva 40 años siendo gobernada por un mismo partido. Nos parece también indiscutible que hemos avanzado en muchos aspectos, sobre todo en la modernización de algunas estructuras así como de sus pueblos y ciudades. Pero nos parece también absolutamente contrastable que Andalucía arrancó en la conquista de su Autonomía siendo la penúltima de las Comunidades autónomas españolas, (la 16 de 17) y ahí hemos permanecido durante estos últimos 40 años.

Es decir, hemos avanzado al mismo ritmo que las demás, pero sin ascender en el ranking ni un solo puesto. Seguimos a la cola, sobre todo en niveles económicos y educativos. Y ello después de cinco planes económicos y dos modernizaciones en Andalucía, siete leyes de educación en España y la recepción en nuestra Comunidad de importantes ayudas europeas.

2. REALIZAR REFORMAS DE LAS POLÍTICAS QUE VIENEN APLICÁNDOSE YA QUE LOS MÚLTIPLES PLANES, PROGRAMAS Y MEDIDAS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO REGIONAL HAN SIDO INEFICACES

El estancamiento relativo de Andalucía es consecuencia de múltiples factores sociales, económicos y políticos, pero entre ellos una parte considerable de la responsabilidad debe encontrarse en la falta de eficacia de la política de desarrollo que ha aplicado la Junta de Andalucía, por lo que se hace necesario la evaluación y reforma de las políticas de desarrollo general, sectorial e instrumental.

3. CUMPLIR EL OBJETIVO DE ELEVAR EL PRESUPUESTO DEL PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN HASTA LLEGAR AL 2% DEL PIB ANDALUZ EN EL AÑO 2020

Estamos formando a investigadores que se tienen que marchar fuera de Andalucía o de España, y que luego no es fácil su vuelta por falta de inserción laboral adecuada, con lo que la inversión en educación no repercute en el desarrollo y la prosperidad para la región.

Son 30.000 investigadores y 2.200 grupos en proyectos de investigación los que hay en las universidades andaluzas, que deben contar con los recursos necesarios y con una gestión eficiente de los mismos para retener el talento científico y para facilitar el retorno de aquellos investigadores que tuvieron que emigrar durante los años de la crisis.

Pilar Lebeña, periodista y socia de ISA (de pie), condujo el acto de presentación de las Propuestas para Moderar Andalucía, que tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla. En la imagen, junto a ella, Ana María Ortí, profesora universitaria y socia de ISA, que expuso la necesidad de que el Parlamento andaluz cumpla con su obligación de analizar qué eficacia y resultados están teniendo las partidas presupuestarias y los organismos públicos dedicados a fomentar, capacitar y asesorar el emprendimiento de los jóvenes.

4. SUPRIMIR EL PRIVILEGIO DEL AFORAMIENTO DE TODOS LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS

El aforamiento es el privilegio del que gozan algunas personas en caso de ser imputadas por un delito, para ser juzgadas por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal; con el objetivo de evitar la presión política a la que puede verse sometido el tribunal ordinario, optando por un tribunal superior que será más independiente.

En los países de gran tradición democrática, este privilegio es excepcional. Ni en Alemania, ni en Gran Bretaña, ni en Estados Unidos, existen aforados. En Portugal e Italia solo lo es el primer ministro, mientras que en Francia gozan de ese privilegio el presidente de la república, el primer ministro y los ministros.

En España hay casi 250.000 aforados, entre políticos, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado; solo en Sevilla hay casi 6.000 aforados.

5. CUMPLIR LA LEY 40/2015 DE REGIMÉN JURÍDICO DEL SECTOR PUBLICO, QUE ESTABLECE QUE LOS DIRECTORES GENERALES DEBEN SER ELEGIDOS ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

En la Administración Pública de la Junta de Andalucía no existe el requisito de que los directores generales sean funcionarios, ni se les exige ningún grado de competencia o experiencia profesional, lo cual, teniendo en cuenta que es en ese estamento de la Administración, el de la Dirección General, donde descansa el buen gobierno, donde se gestionan los presupuestos y donde se prestan los servicios públicos, nos lleva a una situación de excesiva intromisión política y partidista del gobierno en la institución administrativa.

Anteriores gobiernos lanzaron una iniciativa parlamentaria para que se reservaran determinadas direcciones generales –no todas– a empleados públicos de cualquier Administración. En ella se plantea una modificación de la Ley de Administración de la Junta con el fin de establecer una «reserva» para que haya funcionarios al frente de direcciones generales con «marcado componente administrativo y de personal».

Nos preguntamos dónde queda aquello tan claramente recogido en la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: “El titular habrá de tener cierto grado de competencia y experiencia profesional”. Se supone que en cualquier sector, no solo administrativo y personal.

6. PACTO POR LA EDUCACIÓN PARA SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO EN ANDALUCÍA (FRACASO ESCOLAR, ABANDONO ESCOLAR, FALTA DE ORIENTACIÓN ADECUADA, MÍNIMA INSERCIÓN LABORAL, SOBRECUALIFICACIÓN).

Andalucía necesita un debate serio sobre sistema educativo en las enseñanzas obligatorias. Y soluciones basadas en criterios profesionales para atajar realidades como un 23,5 por ciento de abandono escolar, la deficiente formación para el empleo que reciben los jóvenes, desvinculada de las necesidades del mercado laboral, lo que desemboca en altas cotas de desempleo juvenil y subempleo.

Un grupo de trabajo integrado por expertos independientes y al margen de los intereses de los partidos políticos, ha de realizar un diagnóstico actualizado y lo más objetivo posible sobre las carencias y problemas de nuestro actual sistema educativo, y, sobre todo, plantear un plan de actuaciones con propuestas concretas que llevar a cabo, y que sean la base de un consenso amplio para mejorar todo el sistema educativo.

Es mucho más necesario e importante centrar el debate en las actuaciones prioritarias para erradicar el fracaso escolar, para enseñar al alumnado a pensar, para mejorar su nivel en matemáticas y lengua. Dotar de mayor autonomía a los centros a la hora de seleccionar algunas de las materias, horarios, metodologías y modo de integrar la vida escolar dentro de la vida familiar, del barrio y de la ciudad. Y que el puesto de Director del centro educativo conlleve una formación mucho más amplia y específica. Todo esto debe centrar el debate mucho más que temas recurrentes en el argumentario político como la convivencia de la enseñanza pública con la concertada, o la gratuidad para todos de los libros de texto.

7. PREMIAR EL ESFUERZO Y LOS MÉRITOS DE LOS ALUMNOS, RECONOCIENDO LAS TRAYECTORÍAS DE EXCELENCIA

7.1. Los Premios Extraordinarios de ESO de Andalucía deben otorgarse después de la realización de unas mínimas pruebas que sometan a todos los alumnos de Andalucía a las mismas exigencias. Además, deben tener algún tipo de compensación o aliciente mediante un acto formal de reconocimiento público.

Actualmente se otorgan en función de las calificaciones y un número determinado anualmente, sin valorar las diferencias entre alumnos y centros ni someterlos a la realización de exámenes, y sin otorgamiento de premios en metálico o no.

7.2. Los Premios Extraordinarios de Bachillerato de Andalucía deben volver al premio en metálico que tenían antes de la crisis económica.

7.3. La obtención de matrículas de honor en la Universidad debería contar con un sistema de acumulación de créditos gratuitos, por cada matrícula de honor conseguida, que se pudiera bonificar durante la realización de cualquier máster en las universidades de Andalucía.

8. MEDIDAS PARA REGULAR EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO Y EVITAR LA DESNATURALIZACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO

8.1. Control y duras sanciones para los apartamentos ilegales, que no paguen impuestos y supongan una amenaza para la seguridad colectiva.

8.2. Diversificación de las áreas con apartamentos turísticos hacia los barrios.

8.3. Control de las licencias para apartamentos turísticos que dan los ayuntamientos en zonas residenciales. Porque los llamados ‘fondos buitre’ de inversores nacionales o internacionales están intensificando su estrategia de conseguir licencias para reconvertir casas antiguas en bloques de apartamentos turísticos. Lo que supone una reconversión encubierta de núcleo residencial en núcleo hotelero.

8.4. Diversificación de la oferta cultural y lúdica para que las ciudades ofrezcan atractivo al visitante más allá de las zonas monumentales.

8.5. Control e inspección de los negocios de restauración, hostelería y servicios para que aflore el empleo sumergido y mejoren las condiciones de contratación de sus empleados.

Los vuelos baratos y las plataformas digitales han causado un ‘boom’ del turismo urbano en las principales ciudades andaluzas, muy atractivas desde el punto de vista cultural, histórico y monumental. El turismo es hoy una importante fuente de ingresos y creación de empleo para el sector servicios y una gran ayuda económica para muchas familias andaluzas que alquilan habitaciones o apartamentos a los visitantes. El desafío es conciliar este auge –que es fuente indudable de riqueza- con la vida cotidiana de los vecinos, sin que los centros históricos se conviertan en parques temáticos ni la masificación desvirtúe la personalidad de las ciudades.

La Junta de Andalucía fue la primera en regular, con acierto, los apartamentos turísticos, con una norma clara que permite al fisco beneficiarse de una parte sustancial de los ingresos, ofrece seguridad jurídica y favorece el control policial de seguridad.

9. MEDIDAS CONCRETAS PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL ANDALUZ

9.1. En el ámbito financiero, “desinversión en fósiles” en todas las operaciones que se impulsen desde el gobierno autonómico; vincular la financiación de nuevos proyectos a la contribución que hagan en términos de mitigación y adaptación al cambio climático y al logro del objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

9.2. En el ámbito educativo, impulsar la “educación por el clima” como un elemento transversal en todo tipo de itinerarios formativos.

9.3. En el ámbito fiscal, reducción del impuesto de bienes inmuebles (IBI) en aquellas viviendas rehabilitadas energéticamente y que presentan una significativa reducción de emisiones. Favorecer también fiscalmente las instalaciones de autoconsumo compartido.

9.4. En el ámbito industrial, impulsar la economía circular en todos los polígonos industriales, centros logísticos y parques empresariales.

9.5. En el ámbito del urbanismo, impulsar modelos urbanos compactos y multifuncionales, que disminuyan los desplazamientos en modos motorizados.

9.6. En el ámbito del transporte, prohibir que los vehículos diésel puedan circular por el interior de las ciudades en 2025 y electrificar en 2020 la flota de vehículos de la administración pública en Andalucía.

9.7. En el ámbito de los residuos, prohibir en 2020 los envases de un solo uso.

9.8. En el ámbito de la salud ambiental, es necesario un Plan de Reforestación que palie los efectos de la desertización, así como la pérdida de vegetación por contaminación e incendios, y sus efectos nocivos en los seres humanos.

10. CREAR UNA CONSEJERÍA DE POLÍTICA DIGITAL QUE DÉ UN GIRO COPERNICANO A LA ACTUAL FORMA DE GOBERNAR UNA SOCIEDAD QUE ES DIGITAL Y CUYOS DATOS SON DIGITALIZADOS

En la nueva legislatura, Andalucía debe dar un giro copernicano en su forma de llevar a cabo el Gobierno Digital en un mundo instalado en las nuevas tecnologías, soportadas por una forma diferente de comunicación personal y social gracias a las redes sociales propiciadas por la realidad de Internet. El próximo Gobierno andaluz debe dar el paso definitivo para el desarrollo e implantación de políticas digitales al servicio del interés general de Andalucía.

Es muy importante no seguir confundiendo Gobierno Digital con Administración Digital, porque el antecedente es el Gobierno no la Administración, que siempre es consecuencia de quien tiene la responsabilidad de administrarla: Gobierno Digital es la continua optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la información pública y participación ciudadana mediante la transformación interna y externa de las relaciones institucionales, personales y sociales, con base en el uso de las TIC, como actitud política sostenida en el tiempo y en programas políticos llevados a cabo por la Administración Pública Digital.

La Administración Digital utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación como soporte del Gobierno Digital, como meros componentes de éste, nada más, no como la base de su acción de gobierno. Es decir, no existe Administración Digital sin Gobierno Digital, no se deben alterar los términos. La actividad antecedente del Gobierno Digital de Andalucía, mediante la estrategia digital de carácter público que apruebe el Gobierno correspondiente, persiguiendo única y exclusivamente el interés general digital, debe dirigir la Administración Digital de Andalucía como actividad consecuente, no al revés.

 

José Antonio Cobeña, socio de ISA y persona clave durante más de 20 años en la modernización digital de los servicios públicos andaluces, expuso su propuesta para abordar cuanto antes una profunda transformación de la gobernanza y de la participación ciudadana, con la tecnología al servicio de toda la población en cada una de sus facetas individuales y colectivas.

11. CREAR EN EL DEBATE POLÍTICO UN AMBIENTE DE RESPETO DEMOCRÁTICO Y DISCUSIÓN FUNDAMENTADA

Instando en primer lugar a las formaciones políticas a que no generen espacios de odio con sus palabras, defendiendo la argumentación racional frente al insulto y la demagogia descalificadora, y expulsen de sus filas o descalifiquen públicamente a quienes utilicen estos recursos y mentiras.

Porque las encuestas ratifican de modo constante, desde hace años, que “los políticos” son considerados por la ciudadanía como uno de los principales problemas. La distancia entre las preocupaciones de sus señorías con las de sus representados es observada con manifiesta desconfianza. Por el encanallamiento que se ha instalado en la actividad política y el establecimiento de un clima generalizado de tensión y desprestigio del contrario que no contribuye al pluralismo ni al respeto mutuo.

12. ESTABLECER UN SISTEMA DE EVALUACIÓN POR OBJETIVOS PARA EL PROGRAMA POLÍTICO DE GOBIERNO

Para ello, se debe establecer un sistema transparente de información actualizada donde se pueda confrontar el desarrollo y alcance de resultados de las promesas electorales, los organismos y personas encargados de su cumplimiento, los recursos dedicados a ello y los motivos por los que no se haya alcanzado en todo o en parte lo previsto y prometido.

En definitiva, que se establezca un sistema de evaluación por objetivos del desempeño de sus señorías, de la misma manera que está establecido para la ciudadanía en sus puestos de trabajo.

13. FISCALIZAR DESDE EL PARLAMENTO PARA QUÉ ESTÁN SIRVIENDO EL DINERO Y LOS EMPLEOS PÚBLICOS CREADOS BAJO LA IDEA DE CAPACITAR EL EMPRENDIMIENTO

Ha habido muchas políticas ya destinadas a fomentar el “espíritu emprendedor”, y muchísimos recursos destinados a diseñar e implementar programas de “formación” para formadores en emprendimiento. Esos muchisimos recursos han hecho que en miles de ocasiones los discursos eran tan “manidos” que despistaban a los verdaderos destinatarios de los mismos, es decir, los emprendedores.

Uno de los cometidos esenciales de un Parlamento es analizar el grado de eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Aún en Andalucía, desde el Parlamento no se ha evaluado en qué se está acertando y en qué se está desaprovechando el maremagnum de iniciativas, estructuras administrativas, organismos públicos y subvenciones que se revisten de conceptos como “apoyo al emprendimiento”, “formación para emprendedores”, etc. Ni si se está articulando bien las sinergias entre ellas.

El Parlamento andaluz, a través de una de sus comisiones, y contando con la participación de protagonistas y expertos en la materia, debe ser el observatorio independiente al servicio de toda la ciudadanía que sirva como referente de cara a establecer los modelos de éxito para mejorarlos, alabarlos y enfatizarlos (y no machacarlos por envidia). Con la autonomía suficiente como para poder exponer sus informes sin maquillarlos ni supeditarlos a poderes políticos, empresariales o educativos.

El Parlamento es la instancia adecuada para marcar el rumbo sobre cómo incluir programas de capacitación continua (no sólo formación). Cómo reciclar a los capacitadores de los emprendedores, si de verdad se quiere que sean útiles para que finalicen bien sus proyectos. Realizar una auditoría de tantas fundaciones y asociaciones que obtienen recursos para “apoyar el emprendimiento”. Y establecer mecanismos de control adecuados a las necesidades de los colectivos para las que se crearon.

14. DECLARAR A ANDALUCIA ZONA LIBRE DE PARAISOS FISCALES

La evasión y elusión fiscal, como vienen denunciando diversos organismos, hace un grave daño al trabajo que desde las instituciones públicas se hace por reducir las desigualdades y la pobreza. Las cifras que se escapan a la tributación, mediante prácticas fraudulentas o inmorales, son escandalosas; según algunos analistas el fraude anual en España supera los 26.000 millones de euros, otros aseguran que más. Con impuestos próximos al 0%, la elusión fiscal de grandes empresas a través de los paraísos fiscales supone una grave discriminación para las pequeñas y medianas empresas que no pueden o no quieren hacer uso de ellos y que, por tanto, no pueden competir en igualdad de condiciones.

Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) como la Comisión Europea (CE) han publicado sendos informes sobre la economía española, coincidiendo ambos en lo elevado de los niveles de desigualdad y pobreza, destacando la pobreza infantil. Andalucía se encuentra a la cabeza en esa dramática escala. La fiscalidad progresiva y equitativa que define nuestra Constitución es la mejor herramienta para corregir esa lacra.

El Estado, como actor económico que contribuye con un 25% al PIB través de sus contrataciones, tiene la capacidad de modelar el comportamiento de las empresas, introduciendo criterios de responsabilidad fiscal en las compras y contrataciones que realiza. Desde la Junta de Andalucía es posible tomar medidas de contratación que incentiven la responsabilidad fiscal de las empresas y desincentiven los comportamientos irresponsables.

La Junta de Andalucía deberá estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para evitar la contratación de empresas privadas que tengan su sede social en paraísos fiscales o formen parte de la matriz industrial domiciliada en los mismos.

La Junta de Andalucía deberá participar de manera proactiva en el trabajo que se viene desarrollando, por parte de diversos organismos e instituciones, para luchar contra esa manifiesta injusticia que se percibe de manera muy negativa por los ciudadanos.

15. LAS INSTITUCIONES CULTURALES ANDALUZAS HAN DE HACER PLANES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA INTEGRAR A MUCHOS MÁS SECTORES EN TODAS LAS FRANJAS DE EDAD

Solo un porcentaje mínimo de la población andaluza accede y participa en la oferta cultural de las instituciones culturales andaluzas. A las que se destina la mayor parte del presupuesto asignado a política cultural.

Quienes se vinculan y disfrutan la actividad de las instituciones culturales andaluzas pagadas por todos los andaluces suele ser un segmento de población con ventaja social, económica, geográfica e intelectual. La inercia lleva al riesgo de pagar entre todos la creación de una brecha cultural entre una élite y la mayoría.

El Parlamento y el Gobierno autonómicos han de replantear la adecuación de medios y fines para integrar a muchos más sectores sociales y a todas las franjas de edad. Y que todas las instituciones culturales tengan la obligación de desarrollar planes de responsabilidad social.

Si cogemos, como ejemplo, a las grandes orquestas andaluzas (Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Córdoba,) que todas lleven a cabo de modo continuo un Plan de Responsabilidad Social. Es decir, que programen, produzcan e innoven en la captación de nuevos públicos, tanto niños como adultos, que permita el acceso a la mayoría de los ciudadanos, tanto de las capitales como de los pueblos, con más o menos recursos económicos, con más o menos conocimientos o costumbre por la música, etc. Y que las grandes orquestas andaluzas cumplan una labor de divulgación cultural, así como de una acción pedagógica como modelo de excelencia dentro del programa educativo musical andaluz, facilitando los medios para la igualdad de oportunidades de todos los alumnos.

Hagámonos una pregunta importante: ¿el arte y la cultura son para todos pero solo lo sabe la élite?

Antonio Donaire, socio de ISA, expuso la propuesta para que Andalucía se sume a la tendencia internacional de fiscalizar que las administraciones públicas no contraten servicios a empresas que tengan su sede social en paraísos fiscales, lo que supone un agravio respecto a las empresas y al conjunto de los contribuyentes que sí tributan plenamente a Hacienda.