Francisco J. Ferraro, socio de Iniciativa Sevilla Abierta y presidente del Observatorio Económico de Andalucía, denuncia en esta tribuna publicada por Diario de Sevilla la falta de ambición de la que adolecen amplios sectores de nuestra sociedad, tanto en Sevilla en particular como en Andalucía en general, responsable en parte de nuestro estancamiento económico y productivo. Al mismo tiempo, Ferraro advierte de que esta situación se empareja con unos indicadores de desempleo alarmantes, que marcan un pavoroso distanciamiento, hacia abajo, respecto a la mayor parte de las regiones españolas. Recuperamos a continuación su tribuna:
Ambición
LAS encuestas ponen de manifiesto que los andaluces se sienten satisfechos con sus vidas, y que son pocos los que desean vivir en otro lugar. Y ello a pesar del bajo nivel de renta relativo y el alto nivel de paro. Esta paradoja podría venir explicada por la conciencia del gran cambio que Andalucía experimentó desde la mitad de la década de los ochenta con el desarrollo del Estado de bienestar, ya que, si bien fue un fenómeno generalizado en toda España, su impacto en la mejora de la calidad de vida fue percibido de forma más intensa en los territorios que partían de menor nivel de desarrollo. Es el caso de Andalucía, y especialmente del mundo rural, donde la universalización de la sanidad pública, la extensión de la educación, la amplia dotación de infraestructuras y equipamientos sociales, la ampliación y mejora del sistema de pensiones, la generosa dotación de las prestaciones por desempleo y del subsidio agrario y las múltiples instituciones de protección social provocaron un salto en el bienestar y la seguridad.
La conciencia de este gran cambio y las restricciones presupuestarias del sector público en los años recientes han ido generando una actitud conservadora de los logros sociales conseguidos como derechos inalienables. La sociedad andaluza tiene mucho que conservar, pues, a pesar de la crisis, las dotaciones de servicios públicos en Andalucía siguen siendo envidiables para los habitantes de la mayor parte del planeta, incluyendo entre ellos a algunos países más desarrollados. Además, el número de personas que reciben rentas públicas regulares (empleados públicos, jubilados, personas en situación de incapacidad permanente, pensiones de viudedad y orfandad, dependientes, receptores de prestaciones por desempleo y del subsidio agrario) es muy elevado (2,75 millones) y superior en un 27,2% a los ocupados en el sector privado. A estos receptores de rentas públicas se les pueden sumar los que reciben prestaciones menos regulares (por maternidad, paternidad, hijos a cargo o maltrato) y a los que reciben rentas indirectas a través de entidades con financiación pública, de empresas que contratan regularmente con el sector público o que reciben subvenciones. En definitiva, la mayor parte de las familias andaluzas reciben rentas públicas de un tipo u otro, además de disfrutar de los servicios públicos.
Como consecuencia de esta realidad, la mayor parte de los andaluces creen que las instituciones públicas son más responsables de sus vidas que ellos mismos, por lo que los partidos políticos (independientemente de su ideología) enfatizan mucho más en la defensa de las «conquistas sociales» del pasado que en dotarse de políticas para conquistar el futuro, lo que se corresponde con la falta de ambición de la mayor parte de la sociedad andaluza: empresarios acomodados en empresas con rentabilidades ajustadas, en ocasiones con ayuda pública, que no ambicionan aumentar el tamaño de sus empresas, innovar, diversificar su actividad, aumentar sus mercados, internacionalizarse,… y que si generan beneficios extraordinarios prefieren realizar inversiones financieras o inmobiliarias antes que asumir nuevos riesgos empresariales. Profesionales con horizontes de progreso limitado en la región, pero que renuncian a otras alternativas por el confort social y familiar. Jóvenes que prefieren un trabajo asalariado en el sector público o en una gran empresa que les proporcione estabilidad, aunque sus ingresos sean limitados y las perspectivas profesionales pobres, lo que explica el bajo nivel de emprendimiento. Empleados públicos que, a falta de incentivos de progreso profesional y de reconocimiento social, se limitan a cumplir con su trabajo. Políticos ocupados prioritariamente en el poder y su reproducción, lo que se traduce en evitar errores y desgastar a otros partidos, más que en definir y gestionar políticas de futuro. Artistas y creadores culturales que aspiran a sobrevivir con alguna ayuda pública y con algún reconocimiento local, y no ambicionan proyectos culturales dirigidos a una demanda global. Empleados de rentas bajas cuyo mayor empeño es conservar un bien escaso como el empleo. Desempleados protegidos por transferencias públicas y sus familias que no emigran, ni se forman, ni emprenden, y que sólo esperan asegurar sus fuentes de ingresos o un trabajo ocasional…
Sin duda existen muchos andaluces en todos los sectores sociales que no responden a los perfiles anteriores, pero constituyen una minoría y no están articulados ni representados por ningún partido, asociación, sindicato, organización empresarial, científica o cultural, y, en consecuencia, su trascendencia social es reducida.
No creo que la ambición sea un atributo imprescindible de las personas y, en consecuencia, no reprocho a nadie que carezca de ambición, pero una sociedad en la que la falta de ambición es tan generalizada difícilmente podrá mantener ni el nivel ni la calidad de vida en un mundo abierto y competitivo.
«Sevilla Luft 120308» por El-mejor – Trabajo propio. Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons.
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