Traemos a nuestras páginas “La encrucijada de España“, una tribuna publicada en Diario de Sevilla por Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada, presidente del Observatorio Económico de Andalucía y socio fundador de Iniciativa Sevilla Abierta, donde define las razones que le llevan a pensar que España se encuentra, en estos momentos, en una histórica encrucijada política. La recuperamos a continuación:

EN España nos enfrentamos a tres problemas de envergadura, y la forma de resolverlos determinará nuestro destino colectivo. Por una parte, la escalada en el proceso independentista de Cataluña tras la elección de un nuevo Gobierno de la Generalitat, que tiene como objetivo preparar la secesión en 18 meses. Por otra, la economía del país que viene marcada por las secuelas de la crisis (paro, endeudamiento público y privado, aumento de la desigualdad) y por la dificultad en consolidar una recuperación estable si no se abordan reformas estructurales. Y, en tercer lugar, un marco político-institucional hacia el que los ciudadanos vienen mostrando su desafección como consecuencia de su deriva partidocrática y de la corrupción, y que necesita actualizar algunos de los contenidos de la Constitución.

En este complejo escenario, los resultados de las elecciones generales del 20-D le añaden dificultades adicionales a la gobernabilidad del país porque ningún partido tiene posibilidad de gobernar, ni siquiera en coalición con otro partido. Esta difícil situación es motivo de preocupación nacional, y también los agentes económicos internacionales observan con preocupación los acontecimientos. Comparto con la mayoría de los analistas los riesgos del presente, pero también creo que nos encontramos ante una oportunidad histórica de fortalecer nuestro país económica, política y moralmente.

Los riesgos son conocidos, y se derivan de dos de las alternativas políticas que se plantean en el presente: 1) un Gobierno del PSOE con Podemos y otras fuerzas de izquierda e independentistas, que generaría un escenario no deseado, tanto por las exigencias políticas como por los planteamientos económicos de los posibles firmantes, o 2) una nueva convocatoria de elecciones, con el alargamiento del dilatado periodo electoral del pasado año, en el que no se han abordado con decisión algunos de los grandes problemas del país, y con la probabilidad de que el resultado electoral no permitiese soluciones muy diferentes a las que actualmente se plantean.

La otra opción es un gran acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, opción sobre la que muestra su preferencia la inmensa mayoría los analistas políticos y económicos, muy probablemente la mayoría de los ciudadanos si la sometiesen a su consideración, y sobre la que el PP y C’s han manifestado su disposición, aunque el PSOE sigue siendo renuente.

Lo que me anima a escribir este artículo no es sólo que comparta que esta opción sea preferible a las anteriores, sino llamar la atención de que es una oportunidad histórica para nuestro país para regenerar nuestro sistema democrático, abordar reformas económicas estructurales y, por ende, para fortalecer la unidad territorial de España.

Un pacto entre los tres partidos referidos se sustenta en que comparten principios básicos, como la unidad de España, la monarquía constitucional, el cumplimiento de los compromisos con nuestros socios europeos y la predisposición a las reformas institucionales y económicas, incluida la Constitución (lo que no podría abordarse sin el apoyo del Partido Popular). En consecuencia, podemos estar ante un momento idóneo para avanzar consensuadamente en la regeneración democrática y en las reformas económicas. Pero lo que hace a esta oportunidad extraordinaria, y probablemente irrepetible, es que los partidos necesariamente tendrían que acordar en ese pacto reformas decisivas para nuestro futuro, reformas que difícilmente podría acometerlas un Gobierno soportado por un solo partido por muy amplia que fuese su mayoría electoral dado el coste político que provocan las reformas.

Además, un acuerdo de esta naturaleza tendría otros efectos positivos. Por una parte porque muy probablemente aumentaría la deteriorada confianza en nuestro país de la comunidad internacional, lo que se traduciría en un papel más relevante de España en el mundo y en efectos positivos en la confianza de nuestros acreedores. Y, por otra parte, porque es probable que la capacidad de hacer frente a nuestros problemas propicie un rearme moral y de confianza de la sociedad española. La renovación de nuestro marco institucional, la recuperación económica y la percepción de un país que funciona podrían generar más optimismo y aprecio a nuestras instituciones, lo que es la mejor forma para atraer a la causa constitucional a los nacionalistas tibios.

Estamos por tanto en un momento histórico, pues las decisiones que adopten los representantes políticos en los próximos días pueden llevarnos a una dinámica de inestabilidad o poner las bases para un futuro de progreso y de estabilidad política. Será difícil olvidar que esta oportunidad se trunque por intereses de partido o personales“.

En la imagen, el Congreso de los Diputados en una fotografía de portada de su página de Facebook.