Es un auto judicial de gran importancia para uno de los problemas más escandalosos en la vida cotidiana de Sevilla: las prácticas mafiosas que desprestigian el servicio público del taxi. La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que desde hace más de un año las intenta esclarecer (y con datos de la Brigada de Información de la Policía Nacional investiga al menos a 32 taxistas), ha realizado el 6 de septiembre una imputación formal a la Asociación Solidaridad del Taxi de tres delitos graves y la considera “una organización delictiva”. Su presidente, Enrique Filgueras, se ha negado a declarar, acogiéndose a su derecho a no declarar, las dos ocasiones en las que le ha citado dicha juez. También la segunda vez, cuando le ha leído la imputación formal.

Recomendamos leer detalles del auto judicial, contextualizados, en este análisis elaborado por el periodista Jorge Muñoz, de Diario de Sevilla, experto en información sobre causas en los tribunales. La juez asegura que dicho colectivo de taxistas ha ocasionado un “grave perjuicio” tanto al sector del transporte como a la “ciudad en general” por el control que desde hace muchos ejerce de facto sobre la actividad en la parada de taxis del Aeropuerto de Sevilla.

Ha imputado a Solidaridad del Taxi por “constituir una organización delictiva que sirva de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto de vehículos con conductor como incluso los servicios municipales”.

A la izquierda de la imagen, Enrique Filgueras, presidente de la asociación de taxistas Solidaridad del Taxi, a la que la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, acusa en un auto judicial de ser “una organización delictiva”. En el centro de la imagen, el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera. Es una imagen de febrero de 2016, cuando Cabrera se reunió con los representantes de las diversas asociaciones de taxistas, y con la empresa Cabify, de vehículos de alquiler con conductor, tras producirse incidentes en la parada de taxis del Aeropuerto de Sevilla. La jueza Flores le ofrece al Ayuntamiento que se persone en la causa judicial contra la mafia del taxi en Sevilla, instrucción iniciada tras el sabotaje y destrucción, en mayo de 2017, de nueve vehículos utilizados para Cabify, a los que se prendió fuego de madrugada mientras los chóferes dormían.

Argumenta la juez que dicha asociación ha “fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposiciones de sanciones, tanto económicas de privación de participar en ese servicio monopolizado temporalmente, con unas normas, catálogos de conductas, ni publicados ni aprobados en forma alguna”.

Y también expone la juez instructora que Solidaridad del Taxi, como persona jurídica, ha dirigido conductas para la constitución de tales fines “contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte, manteniendo en su poder material y documentos de origen ilícito hallado en el registro practicado en su sede, relativo incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas y sanciones municipales, implicando todas estas conductas un grave perjuicio al sector del transporte y a la ciudad en general”.

El Ayuntamiento ha de reaccionar dentro y fuera del juzgado

La juez Reyes Flores, en una providencia dictada el 17 de agosto, acordó el “ofrecimiento de acciones como perjudicado” al Ayuntamiento de Sevilla, una vez que “constan en las actuaciones una infracción e incumplimiento de instrucciones y normativa municipal en la materia”.

En la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, desde la que hemos criticado en numerosas ocasiones durante los últimos diez años a los diversos alcaldes y gobiernos municipales que se han sucedido al mando de la gestión de la ciudad por no afrontar con determinación y rapidez la erradicación de estas prácticas mafiosas, instamos al alcalde Espadas que acepte el ofrecimiento de la juez Flores y ordene que el Ayuntamiento se persone en la causa. Porque no solo está en juego el cumplimiento de las normas municipales sino la defensa del interés general de la ciudad.

Y también instamos al alcalde a que no solo impulse la vía judicial sino también la política, que le compete a él y al Pleno. No hay que aguardar durante meses o años a que se celebre dicho juicio (que dirimirá quién es o no responsable de delitos), para imponer a diario el correcto funcionamiento del servicio público del taxi  en cualquier lugar de Sevilla, y excluir de cualquier negociación o componenda a quienes son acusados, con pruebas aportadas por la Policía Nacional, de recopilar en su sede fotos de los coches patrulla de la Policía Local, y hacer fotos a los agentes, e incluso haber conseguido sus datos personales, DNI incluido, por ser quienes investigaban las irregularidades en el sector del taxi.