Gonzalo Queipo de Llano es uno de los personajes más terribles y nefastos de la Historia Contemporánea de Sevilla y Andalucía. Ningún pretexto político o militar puede justificar las miles y miles de ejecuciones que ordenó tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y tras el final de la guerra incivil en 1939. Queipo de Llano, durante la dictadura franquista, instauró el terror y se sintió omnipotente e impune dueño y señor de las vidas y haciendas en el sur de España, y sobre todo en Sevilla.

En 2018, cuando ya han transcurrido 43 años desde la muerte de Franco y se van a cumplir los 40 años de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, de vez en cuando se agita en Sevilla el debate sobre la ominosa presencia destacada de la tumba de Queipo y su esposa en una capilla de la Basílica de la Macarena. Edificio de cuya construcción Queipo fue uno de los principales impulsores, en 1941, y desde que se inauguró, en 1949, es la sede de la Hermandad de la Macarena, que hasta entonces estaba radicada en la Iglesia de San Gil. Queipo recibió el título de hermano mayor honorario.

Madurez de sociedad civil para una propuesta y una votación

El recurrente debate sobre la tumba de Queipo, en el que se habla mucho y se hace poco, es uno de tantos ejemplos de inmadurez e inmovilismo en la evolución de Sevilla. Porque, sin duda, no solo la gran mayoría de las personas que forman parte de dicha corporación, sino también la mayoría de quienes acuden a dicho templo en razón a su credo, sienten como propios los valores de paz, fraternidad y amor al prójimo que están en el origen del cristianismo, y no comulgan con el uso inmoral de la fe católica que hizo Queipo para blanquear sus matanzas. La decisión más influyente sobre la reubicación de sus restos mortales, que no es un contencioso partidista sino un debate ético y moral, compete sobre todo a la sociedad civil: a la junta de gobierno de la Macarena. Ha de hacer una propuesta y someterla a votación entre todas las personas que están de alta en dicha hermandad, que es la titular del edificio. Y lo que decidan libremente, en una época en la que ya no somos súbditos sino ciudadanos libres, tendrá ese refrendo crucial sobre cómo quieren su sede.

Vista del Cortijo de Gambogaz, incautado a sus legítimos propietarios en 1937 junto a fincas colindantes para regalárselo a Queipo de Llano por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que además obligó a una ‘colecta popular’ para que los sevillanos, en plena guerra civil, aportaran 100.000 pesetas de la época que justificaran ese ‘regalo’ a quien estaba ordenando el fusilamiento de miles de personas. En 2000 y 2001, destacados políticos en la órbita de poder del PSOE autonómico y municipal participaron en la compra a la familia de Queipo de Llano de 900.000 metros cuadrados de fincas junto a Gambogaz para perpetrar un ‘pelotazo’ inmobiliario de 4.500 millones de pesetas de la época, con dinero de la Caja de Ahorros San Fernando.

Al calor de esta polémica, también se aviva la memoria histórica sobre el uso del patrimonio que desde instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla se le regaló a Queipo. Sobre todo el Cortijo Gambogaz y fincas colindantes, en el término municipal de Camas, cerca del Guadalquivir. Las autoridades franquistas obligaron a la población, en 1937, a aportar 100.000 pesetas de la época como supuesta ‘colecta popular’ en agradecimiento a Queipo y para que con ese dinero la Corporación municipal le regalara esos bienes. Por ejemplo, a los funcionarios del Ayuntamiento y de la Diputación se les retuvo un día de salario para destinarlo a tal fin. Para mayor escarnio, Gambogaz, donde falleció Queipo en 1951, se le incautó en 1937 a la familia del abogado y empresario Ignacio Vázquez Gutiérrez, que fue su gran impulsor como figura de la segunda Ilustración sevillana y librepensadora a finales del siglo XIX. Puso en marcha en dicho cortijo la primera cosechadora a vapor de España y planteó una escuela de capacitación agraria para que los jornaleros mejoraran su nivel profesional y su promoción laboral.

El ‘pelotazo’ en el año 2000

Pero en la gestión de esta problemática ya lo más importante no es manifestarse por lo que sucedió hace 80 años, sino pedir la rendición de cuentas sobre qué se ha hecho y se hace desde las instituciones de nuestro sistema democrático: Ayuntamientos, Diputación, Gobierno de Andalucía, Parlamento de Andalucía, Gobierno de la nación, Congreso de los Diputados.  Y, también en este tema, es manifiestamente mejorable, y muchas personas que han ocupado cargos públicos deberían dar explicaciones. Por ello, consideramos de enorme interés leer y analizar el reportaje y la documentación que aporta el periodista Pepe Fernández en El Confidencial Andaluz, medio digital que dirige. Cómo la finca que Sevilla le ‘regaló’ a Queipo de Llano fue hace 18 años objeto de un ‘pelotazo’ de más de 26 millones de euros. Terrenos que están en zona inundable junto al cauce vivo del Guadalquivir, entre Camas y Sevilla, justo enfrente de lo que fue Expo’92 y ahora es el Parque Científico y Tecnológico Cartuja. A través de este enlace puede leerse en su integridad.

El mismo día, y en la misma notaría (la de Antonio Ojeda Escobar, que fue el primer presidente del Parlamento de Andalucía), Emilio Pérez Ruiz, que había sido dirigente del Partido Andalucista y después se pasó al PSOE, trabajando para Rafael Escuredo cuando éste presidía el Gobierno andaluz, le compró la finca Los Hallones (900.000 metros cuadrados) a la familia de Queipo de Llano, y después se la traspasó a las empresas inmobiliarias de la Caja de Ahorros San Fernando cuando era su presidente Juan Manuel López Benjumea, político que había sido concejal del PSOE en el Ayuntamiento hispalense. Como dice el periodista Pepe Fernández, respaldado por los datos de una auditoría interna que se hizo en dicha entidad, “el precio que la Caja San Fernando abona asciende a  27.045.544,70 euros (4.500 millones de pesetas de la época) más el IVA que ascendió a 4.327.000 euros (720 millones de pesetas), además de la comisión del 3% pagada al empresario Gerardo Martinez Retamero como intermediario: 811.366 euros (135 millones de ptas). Resumiendo: se pagan  32.183.910,7 millones de euros, si a esa cantidad se le restan los 5.421.686 euros cobrado por los herederos de Queipo, obtendremos que hubo quien ganó en un día, y sin moverse de la Plaza Nueva, la friolera de 26.762.224 euros, unos 4.500 millones de las antiguas pesetas”.

Esta es la primera de las ocho páginas del informe que los integrantes del servicio de auditoría interna de la que era Caja de Ahorros San Fernando redactaron con todos los detalles sobre una operación inmobiliaria con la finca de 900.000 metros cuadrados regalada a Queipo de Llano y heredada por sus familiares, que fue en el año 2000 un ‘pelotazo’ en toda regla, especulando con el valor de terrenos que son inundables, protagonizado por políticos con el dinero de una caja de ahorros, que debe tener un fin social. En el periódico digital El Confidencial Andaluz puede leerse íntegramente el contenido de las ocho páginas de dicho informe.

Y esa operación en el año 2000 se basó en la expectativa de convertir en urbanizables terrenos rústicos que están tipificados como inundables. Y en ningún documento se incluyó que eran propiedad de la familia Queipo de Llano y cuál era el origen de esa propiedad. Se ocultó deliberadamente. Como indicaron textualmente los auditores: “Hay que señalar que en ninguna de las actas revisadas de los consejos de administración de las sociedades compradoras, en los que se propone y acuerda la adquisición de estas fincas, se hace referencia a la propiedad de las mismas. Tampoco se identifica a los propietarios de los terrenos en el informe aportado por el departamento de Empresas Participadas proponiendo estas operaciones de financiación, ni en el acta del Consejo de Administración de Caja San Fernando en el que se aprueba la concesión de dos póliza de crédito para la compra de los terrenos”.

Casi todos los integrantes de dicho consejo de administración eran dirigentes y representantes del PSOE, Izquierda Unida, UGT, CCOO, PP y PSA. Entre otros, quien entonces era alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.

Esto también es memoria histórica. Y una sociedad democrática resuelve sus asignaturas pendientes actuando sobre el presente: ¿Quién va a dar explicaciones sobre ese trato de favor a la familia de Queipo y sobre ese quebranto a una entidad en la que tenían sus ahorros tantas familias sevillanas? ¿Así se defendía el interés general y el bien común?