Sevilla es una de las ciudades de España con mayor porcentaje de población cuyo trabajo tiene estatus de funcionario o empleado público. Ya sea adscrito al Gobierno nacional, al autonómico, al Ayuntamiento o a la Diputación Provincial. La suma de sus competencias y de sus plantillas es, comparativamente, muy superior a la estructura de función pública en la mayor parte de capitales autonómicas. Sin embargo, el notable crecimiento de la función pública durante las últimas décadas no ha logrado resolver los grandes problemas: seguimos siendo una sociedad con mayor índice de paro y con menor nivel de renta per capita.
La decisión del Gobierno andaluz de rebajar de 37 y media a 35 el número de horas semanales de trabajo a todas las personas que trabajan en el seno de la Junta de Andalucía, tiene lugar en un contexto socioeconómico de precarización del empleo, con muchísimas personas sufriendo reducción de ingresos y teniendo que trabajar más horas para sobrevivir.
Tras anular el Tribunal Constitucional el decreto-ley aprobado por el Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz, ésta ha decidido compensar las expectativas de los empleados públicos y ha consagrado que todos dedican semanalmente en casa 2 horas y media a tareas de su desempeño en la Junta.
La necesaria calidad del estatus de los servidores públicos (algunas de cuyas profesiones están indudablemente mal pagadas a tenor del grado de responsabilidad y sacrificio que comportan) es un tema complejo que debe ser analizado también desde el punto de vista de la mayoría de los ciudadanos, que no son funcionarios ni empleados públicos, sino asalariados por cuenta ajena, o autónomos, o empresarios, o desempleados o pensionistas. A eso nos convoca Francisco Casero en este artículo publicado en El Diario.es, y donde el histórico dirigente del sindicalismo jornalero, posteriormente impulsor del movimiento de la agricultura ecológica, y ahora presidente de la Fundación Savia, considera que «siguen siendo los ciudadanos, las pequeñas empresas, convidados de piedra, los que sufren y pagan las consecuencias. En concreto, se estima que el 74% de los costes de la burocracia es soportado por ciudadanos de a pie y pymes. Esos mismos que, en demasiadas ocasiones tienen expedientes por resolver, lista de espera en los hospitales o escuchan el ‘vuelva usted mañana’. Mientras esta situación siga siendo un lastre para el desarrollo económico y social, no es de recibo relegar a segundo plano este problema».
Y añade: «La crisis económica y social que se inició en 2007 ha estado y sigue estando muy mal distribuida y soportada. Algunos informes apuntan a que, en el sector privado, los salarios se han reducido hasta un 60%. A finales de 2017 existen peores condiciones de trabajo que hace veinticinco años. Otros colectivos, por ejemplo, los funcionarios, a lo más que llegaron es a ver reducida su tasa de incremento salarial, y siguen sin tener, en la inmensa mayoría de los casos, que rendir cuentas sobre su productividad».
Pacto Andaluz por la Calidad Institucional
Desde la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta consideramos muy pertinente la propuesta de Francisco Casero para reorganizar los medios y los fines de la función pública a partir del Pacto Andaluz por la Calidad Institucional. El documento completo, conciso y concreto, puede leerse a través del enlace que ofrecemos en este párrafo. Ya lo han firmado más de 400 personas. Usted también puede hacerlo a través de la web de la Fundación Savia. La primera persona que se adhirió fue Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada.
En el texto de dicho manifiesto se dice: «Las trabas burocráticas y administrativas son identificadas por todos los agentes sociales como un enorme obstáculo que dificulta la vida y el progreso íntegro de los agentes del territorio. Una enfermedad social que está haciendo que Andalucía no sea un territorio de referencia que le correspondería ser por sus características sociológicas, físicas, económicas y políticas».
Otro de los puntos del manifiesto señala: «Las instituciones públicas, como el conjunto de reglas y entidades que permiten el desenvolvimiento de la sociedad y la economía en un régimen democrático, no tienen hoy la calidad que debiesen. Al contrario, tenemos hoy en Andalucía y en España instituciones públicas disfuncionales, porque retardan, entorpecen y desincentivan la iniciativa privada.Existen organismos que no parecen tener la necesidad de resolver problemas, se evidencian torpes, inoperativos, lentos, ineficaces. Por el camino se queda el tiempo, el dinero y las ilusiones de los ciudadanos y los empresarios y la propia legitimidad de dichos organismos».
Por ello, el manifiesto que apela a dicho Pacto exhorta a «un verdadero cambio en las instituciones públicas que refuercen su compromiso, su calidad y su vocación de servicio». Y lo concreta en tres puntos:
1. – Agilización legal de procedimientos de las instituciones públicas y la reducción de trámites administrativos y burocráticos para empresas y ciudadanos.
2. – Reducir los plazos de atención y respuesta para hacerlos acordes y útiles a las necesidades de la iniciativa privada.
3. – Compromiso y actitud de servicio público de todo el cuerpo político y funcionarial.
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