Ahora que concluye el curso escolar es importante analizar también los resultados de la evaluación que los inspectores educativos adscritos a USIE le han hecho a la gestión educativa llevada a cabo por el Gobierno andaluz. Según señala este sindicato de inspectores educativos, la Administración andaluza no ha aprobado el curso y deberá recuperar en septiembre varias asignaturas pendientes, principalmente por dar muestras de agotamiento de la capacidad de gestión de los cargos directivos de la Consejería y de sus satélites en la Delegaciones Territoriales.

Los principales problemas que no han sido resueltos o que han sido afrontados de manera insatisfactoria a estas alturas de legislatura son, según su conocimiento de la realidad en los colegios e institutos: el retraso de la normativa de selección y evaluación de directores de centros; la reforma del primer ciclo de educación infantil; el débil desarrollo de la Formación Profesional Dual; la improvisación a la hora de implantar la segunda lengua extranjera en Primaria; los recortes en las plantillas de centros bilingües; la falta de actualización de la normativa reguladora de la organización y funcionamiento de la inspección educativa y la no climatización de las aulas y sus condiciones de habitabilidad.

Así, distintos medios de comunicación han destacado sobre todo el primer punto alertando, como hace en esta noticia de El Mundo el periodista Chema Rodríguez, de que “la Junta nombrará a 1.200 directores de centros educativos ‘a dedo’ por su parálisis normativa. Como apunta Manuel López, vicepresidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía (USIE-A), “la extraordinaria lentitud a la hora de elaborar el marco legal para la elección de los directores se explica por las reticencias de la Junta a la hora de asimilar la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la polémica Lomce, una “negligencia” que ha provocado un vacío legal que ha dejado en manos de los delegados territoriales la designación de los máximos responsables de los centros educativos”.

En relación a la reforma del primer ciclo de Educación Infantil, la presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, Rosario de la Peña, ha precisado que, según las cifras recogidas, e insistiendo en la provisionalidad de las mismas, a fecha de 9 de junio, un 80 por ciento de los centros adscritos al colectivo no tienen su oferta de plazas completa.

Fracaso en el desarrollo de la FP Dual

Por su parte, según USIE, la debilidad y falta de compromiso a la hora de afrontar el desarrollo de la FP Dual en Andalucía se demuestra en el poco número de alumnos que participa en este tipo de enseñanzas. Así, Andalucía se encuentra a la cola del resto de comunidades, muy por detrás de Cataluña, Madrid, Castilla-la Mancha, Valencia o Castilla León.

Del mismo modo, la implantación este curso de una segunda lengua extranjera, francés, en 3º y 5º de Primaria en los colegios andaluces se ha convertido en motivo de controversia para la Administración autonómica, tal y como señala el sindicato. “El colectivo de maestros interinos ha manifestado de forma reiterada la falta de planificación, la improvisación y la escasez de recursos humanos para impartir francés, lo que obligará a la Administración a contratar a docentes de esta especialidad procedentes de una bolsa extraordinaria, en la que hay personas que nunca han opositado y ni siquiera tienen experiencia docente”.

En cuanto a los recortes en las plantillas de centros bilingües, son los propios  directores de los centros públicos de Infantil y Primaria los que denunciaron este nuevo recorte en las plantillas, consistente en detraer de cada centro de Primaria las seis horas con las que el profesorado bilingüe contaba para las reuniones de coordinación, la preparación de las clases con el auxiliar de conversación o la elaboración y actualización de los materiales bilingües.

Entre otras quejas, USIE lamenta que la Consejería hubiera trasladado a los representantes de los inspectores de educación que iba a iniciar una necesaria actualización de la normativa que regula la organización y funcionamiento de dicho cuerpo, algo que sigue parado.

Los padres pagan la climatización

Por último, las condiciones de habitabilidad de los centros educativos andaluces vienen siendo denunciadas como deficientes y altamente desiguales. La actual oleada de protestas sobre las altas temperaturas de las aulas es un ejemplo más de la inequidad de las instalaciones educativas, que en muchos casos, incumplen la más elemental normativa laboral. “Si malo es esto, peor fue la desafortunada reacción de los responsables de la Consejería, que en un ejemplo claro de alejamiento de la realidad, despreciaron la entidad del problema y casi la ridiculizaron”, lamenta Usie, señalando que “en numerosas ocasiones son las AMPAS las que tiene que afrontar los gastos de climatización de las instalaciones donde reciben clase sus hijos”.

Foto: EFE (El Mundo)