Las primeras comparecencias de servidores públicos en la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz con el fin de analizar la muy controvertida gestión de los presupuestos públicos para cursos de formación, están poniendo de manifiesto que este enorme caso de despilfarro y mala gestión, trufado de múltiples irregularidades, es aún más grave que el de los ERE en términos de dinero público mal utilizado. Por desgracia, Andalucía está a la cola de España en tasa de empleo, y, para la ciudadanía, es más bochornoso si cabe que los fondos asignados a reciclar a los desempleados sean un vivero de descontrol, despilfarro y corrupción.

Estos son algunos de los datos objetivos y hechos objetivos a tener en cuenta desde una asociación cívica como Iniciativa Sevilla Abierta (ISA) para analizar la envergadura del tema y la preocupación que suscita:

– Un total de 18 juzgados andaluces, más la Guardia Civil y la Policía Nacional, están investigando irregularidades relacionadas con el descontrol en la gestión del dinero público para cursos de formación y su asignación a empresas ‘cazasubvenciones’.

– La Unión Europea ha congelado el Fondo Social Europeo para Andalucía del 2015, que ascendía a 468 millones, por las irregularidades detectadas en los fondos anteriores concedidos desde Bruselas.

– Las irregularidades alcanzan al 7,4% de los expedientes del Fondo Social Europeo para Andalucía, un porcentaje muy superior al 2% que establece la Comisión Europea para suspender pagos a una región.

– La Intervención General de la Junta de Andalucía emitió, a lo largo de varios años, un total de ocho informes especiales y de actuación que alertaban del riesgo de menoscabo de fondos públicos en los cursos de formación subvencionados por el Gobierno andaluz.

– Los interventores de la Administración andaluza que han comparecido en la comisión de investigación promovida por el Parlamento autonómico, han descrito un cúmulo de deficiencias en la gestión de los fondos para la formación. Por ejemplo, el interventor de la Junta para la provincia de Huelva, Miguel Ángel García, aseguró ante los parlamentarios que “los incumplimientos eran relevantes, hubo negligencia a la hora de exigir los reintegros y no se ha actuado con contundencia. Hubo una relajación de los controles por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que podían haber parado el fraude de los cursos, y el cúmulo de irregularidades fue en aumento con el paso de los años”.

– Otra declaración muy a tener en cuenta en la comisión de investigación es la del interventor provincial de Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa. Se ratificó en las conclusiones que ya puso por escrito en el informe sobre subvenciones 2009-2012 en formación profesional para el empleo. Y explicó la falta de documentación que presentaban los expedientes sobre los cursos que se concedían: “Había carpetas que las abrías y no había nada”.

– Una de las vertientes más desalentadoras en este caso. Los expedientes de ayudas correspondientes al periodo 2002-2008 han prescrito al haber transcurrido más de cuatro años desde que terminó el plazo de justificación, por lo que será irrecuperable el dinero abonado a entidades que incurrieron en todo tipo de irregularidades e incumplimientos.

– El modelo de concesión de estas ayudas, tan sometido ahora a investigaciones, se utilizó para adjudicar más de 3.000 millones de euros al conjunto de sindicatos y empresarios que impartían cursos.

Mientras la evaluación de las políticas públicas depare estas realidades y estas consecuencias, nuestra sociedad seguirá a la cola de España y de Europa occidental en calidad democrática y en desarrollo socioeconómico.

Estos hechos constatan una pésima gestión de la Junta de Andalucía, en la forma y en el fondo, del dinero de los ciudadanos andaluces, españoles y europeos. En la forma, denunciada por algunos ejemplares servidores públicos, que además ya alertaban de esa situación con los informes especiales emitidos de manera reiterativa. También en el fondo, ya que todo apunta a connivencia con empresas y sindicatos para concederles dinero. Para más inri, la mala gestión continúa; y, por un lado, se quiere premiar al Servicio Andaluz de Empleo, que no solo no cumple su objetivo básico sino que ha sido incapaz de detectar el fraude en los cursos de formación; y por otro, el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) condena a la Administración andaluza a pagar una elevada cantidad de dinero a un empresario “ad hoc”, antiguo consejero de Hacienda en el seno del Gobierno autonómico, ya que la Junta ha sido incapaz de probar documentalmente el fraude que se le atribuye.

En la imagen, la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz.