Todos los días, en esta era de la hipercomunicación, la actualidad informativa ocupa y preocupa en asuntos sobre los que cualquier persona ha de adoptar una postura a partir de datos ciertos y de principios éticos. Por ejemplo: las causas y consecuencias de la masiva migración africana; el repudio o el consentimiento de la corrupción según quien la perpetre; el cumplimiento o no de la Constitución y la insubordinación alentada desde las instituciones catalanas que forman parte de España; el respaldo o no al sistema judicial y a las sentencias, en casos como el de ‘La Manada’ o el de Juana Rivas; el uso de la fuerza por parte de colectivos de taxistas para defender su actual formato de actividad profesional. En muchas ocasiones, se aprecia una notable ceremonia de la confusión sobre derechos y deberes, sobre las normas de la democracia, sobre el respeto al bien común, sobre la responsabilidad que comportan nuestros hechos por activa o por pasiva. Corremos el riesgo de estar configurando una sociedad impulsiva, irreflexiva e irresponsable, basada en la posición de fuerza y no en los valores éticos.

Para afrontar este problema, que en la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta nos parece importante, con la falta de consenso en el sistema educativo español volvemos a topar. En el año 2002, el Consejo de Europa recomendó a todos los países que integraran de modo obligatorio en sus programas educativos la formación en valores democráticos y en derechos humanos. Veinte países lo han incluido en su nivel de Secundaria, y otros cinco en el de Primaria. Es decir, en países como Francia, Suecia, Portugal, Reino Unido, Estonia, etc., eso no es motivo de confrontación entre partidos ‘conservadores’ y partidos ‘progresistas’. Se sobreentiende que fortalece y consolida el espíritu democrático, y la convivencia y participación de ciudadanos que se reconocen como tales. Según los expertos europeos, quien peor lo ha hecho es España porque cada partido que llega al poder nacional, en este tema, tiene más interés en hacer guiños a parte de su electorado que en consensuar para décadas esta cuestión gobierne quien gobierne.

En julio de 2018, a los pocos de días de haber tomado posesión como ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá asegura que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez va a configurar una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos. No será una optativa. Para conocer exactamente lo que propone la ministra Celaá (que antes fue consejera de Educación en el Gobierno vasco), recomendamos acceder a través de este enlace a sus declaraciones.

Para quien quiera abundar en tema tan estratégico, aportamos un enlace al estudio ‘La Educación Cívica en España: Retrospectiva y Perspectiva’, de Teresa González Pérez, de la Universidad de La Laguna, experta en historia de la educación y en políticas educativas. Recuerda quiénes fueron los precursores de la educación cívica, en el siglo XVIII. “La Ilustración como movimiento cultural, político, social, económico y educativo promulgó la necesidad de una instrucción cívica. En España, a finales del siglo 18, los ilustrados, adelantándose a su tiempo, manifestaron ideas precursoras respecto a la educación. Jovellanos defendía la instrucción primaria para todas las clases sociales, que a su vez contemplara la educación cívica, para que la juventud conociera sus deberes y obligaciones sociales y políticas como miembro de la sociedad en la que estaba inmersa. Opinaba que el Estado debía diseñar los contenidos de la educación y poner los medios necesarios para que ésta llegara a toda la población”.

Artículos de José Antonio Marina y de Adela Cortina

Uno de los grandes valedores en la intelectualidad española para mejorar la formación en ética y en ciudadanía es el pensador y profesor José Antonio Marina. A propósito de la promesa de la ministra Celaá ha escrito el artículo ‘Hábitos cívicos‘ , que también recomendamos leer. Dice Marina: “Hace años, me vi envuelto sin querer en la polémica sobre Educación para la Ciudadanía, una polémica torpe e indignante, en la que se defendió, entre otras cosas, que la escuela no tenía competencia para educar moralmente a los alumnos. Al parecer, esa competencia solo la tenían la Iglesia y las familias”. Y da este consejo a la ministra Celaá: “Lo importante no es que nuestros alumnos conozcan los valores cívicos, sino que los realicen. Esto, además, está muy de acuerdo con la idea de inteligencia que ahora manejamos. Nos estamos liberando de la idea platónica de que la función principal de la inteligencia es conocer, contemplar las ideas, para defender la empirista y pragmática idea de que la función principal de la inteligencia es dirigir la acción. Por eso, sugiero a la ministra que en vez de defender una asignatura de ‘valores cívicos’, tenga el valor de proponer una asignatura de ‘virtudes cívicas'”.

También es conveniente leer el artículo que ha escrito Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política, titulado ‘Educar en valores cívicos’, del que aportamos aquí un enlace directo para su conocimiento. Adela Cortina propone materias: “reflexionar sobre la superioridad de la libertad frente a la esclavitud, el adoctrinamiento y la manipulación; degustar el valor de la igualdad entre las personas, que tienen dignidad y no un simple precio, sea cual fuere su raza, religión, edad, género o su orientación sexual; respetar activamente, y no solo tolerar, las ideas de quienes piensan de forma distinta, pero moralmente aceptable; apreciar el diálogo como camino para resolver los conflictos, cuando están puestas las condiciones para que el diálogo sea auténtico, y tomar nota de que la apuesta por la justicia no es un mero consejo, sino la exigencia indeclinable que constituye el quicio de cualquier sociedad pluralista y democrática. Si la justicia falla, como valor y como virtud social, la sociedad está desquiciada. Con claro perjuicio para todos, pero sobre todo para los más vulnerables”.

Como reflexión final, nos parece pertinente la conclusión de la profesora González Pérez en su estudio sobre el tema: “La educación española no necesita una confrontación política, social e ideológica. Precisa dialogar para encontrar puntos de confluencia en beneficio de la educación de las nuevas generaciones y no de intereses políticos partidistas. Frente a los retos que plantean los cambios del mundo contemporáneo, es necesario transmitir los valores que la humanidad ha creado como producto de su historia. Este proceso fortalece la vigencia de los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho, la pluralidad política, la diversidad cultural y la participación ciudadana, así como consolida la identidad, es decir la identificación de la infancia y la juventud con los valores, principios y tradiciones que caracterizan al Estado”.