De nuevo, desprestigio para la imagen de Sevilla y Andalucía, convertidas en sinónimo de la mala gestión de lo público. Se tropieza dos veces en la misma piedra, en la misma mina de Aznalcóllar. En 1998, pese a la denuncia previa formulada a la Junta de Andalucía por expertos que alertaban del peligro de rotura del dique recrecido para embalsar los residuos tóxicos, no se previno y tuvo lugar un desastre medioambiental que a punto estuvo de acabar con el ecosistema de Doñana, Patrimonio de la Humanidad. A esto se une que la multinacional minera Boliden, pese a su responsabilidad en el desastre, no tendrá que pagar la costosísima regeneración de la comarca del Guadiamar, lo que supone un fracaso en toda regla para hacer cumplir el principio de ‘quien contamina, paga‘.

Ahora, 17 años después, la Junta de Andalucía quiere reabrir la explotación minera y el escándalo, en esta ocasión, llega por la denuncia sobre irregularidades en el concurso internacional para conceder la reapertura: una juez dice por escrito que se ha otorgado la concesión “sin el más mínimo rigor“. Su investigación ha inducido al Gobierno andaluz a paralizar la concesión, tras convertirse este asunto en materia de primera página en los periódicos, radios y televisiones de España.

Desde Iniciativa Sevilla Abierta sostenemos que una sociedad ha de aprender de sus errores. En la gestión de la mina de Aznalcóllar y del medio ambiente, vuelven a fallar los procedimientos, vuelve a escasear la transparencia, vuelve a gobernarse mediante el criterio de ‘pan para hoy, hambre para mañana‘.

Para mayor abundamiento, y para reflexionar sobre este tema, reproducimos el artículo “Boliden: una catástrofe anunciada“, escrito por el periodista Manuel Jesús Florencio el 17 de diciembre de 2011:

No es cierto que la Junta evitara la catástrofe, sino que, con el dinero de los contribuyentes, palió luego sus efectos haciendo de la necesidad (62 kilómetros de cauce contaminados y casi 5.000 Has. arrasadas por la riada de 7 millones de m3 de metales pesados) virtud (con la creación del corredor verde en una zona muerta para siempre para la agricultura).
Resulta sarcástico que la Junta invocara la Ley de Minas para, como Administración competente, exigirle 89,8 millones a Boliden y que, sin embargo, no ejerciera esas competencias para haber evitado la catástrofe de haber atendido las denuncias sobre las deficiencias de la balsa, tal como recopiló la asociación ecologista Agaden.
Tan sólo dos años y medio antes del 25-4-1998, el ingeniero de Minas Manuel Aguilar Campos denunció ante la Agencia de Medio Ambiente de la Junta (hoy, Consejería de Medio Ambiente), la Consejería de Industria, el Ministerio de Obras Públicas y el Patronato de Doñana, con fotografías, planos y análisis de los vertidos, el alarmante estado de la presa.
Incluyó un informe técnico sobre la firmeza de la escollera de la balsa, permeabilidad, filtros, drenaje y ejecución de los recrecidos (medía originalmente 47,50 metros de altura y fue elevada sucesivamente hasta los 64,50 para ampliar su capacidad). Alertó de las filtraciones que se estaban produciendo (no se depuraba ni el 25% del agua) y que los vertidos cargados de metales pesados (cobre, plomo, zinc, arsénico, mercurio y floculantes diversos) desembocaban en Doñana vía Guadiamar y su afluente, el río Agrio, que pasaba al pie de la presa.
Asimismo, advirtió que la apertura de la corta de Los Frailes, que duplicaría la producción de mineral, incrementaría la evacuación de vertidos contaminantes a la balsa, la cual no estaba en condiciones de recibirlos. Conclusión: si no se clausuraba, se corría el riesgo de provocar un desastre de incalculables consecuencias en Doñana, vía río Guadiamar.

ENEMIGO DEL PUEBLO
Ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central, ni el Patronato de Doñana, hicieron el menor caso a la denuncia del ingeniero. Cuando trascendió a la opinión pública, la fachada de su casa en Aznalcóllar amaneció llena de pintadas amenazadoras de algunos de los que temían perder su empleo en Boliden si se le daba crédito; se le hizo el vacío en el pueblo, como si fuera un apestado; sus hijos fueron acosados en el colegio; se pidió al Ayuntamiento que lo declarara persona ‘non grata’ y, finalmente, la presión social consiguió que se fuera del municipio.
Este fue el altísimo precio pagado por un andaluz de Puente Genil por decir la verdad, un drama personal similar a ‘Un enemigo del pueblo’, del nobel noruego Ibsen, cuya lectura debería ser obligatoria en Aznalcóllar y absolutamente recomendable para todo el mundo en este panorama de cobardía social y relativismo moral imperante.
Manuel Aguilar murió en el año 2000, dos después de la catástrofe que había augurado, sin haber recibido ninguna reparación moral por parte de los mismos que, instalados en sus poltronas, ni se molestaron en certificar la veracidad de su denuncia. No sólo Boliden, sino también la Administración española –la que con afectada indignación lleva 13 años rasgándose las vestiduras- se ha hecho la sueca en esta vergonzosa historia. Que al menos estas líneas sirvan de homenaje a su memoria
“.

En la imagen: Nivel de los lodos alcanzado en Aznalcóllar, en una fotografía del usuario de Flickr Pablo, disponible bajo la licencia CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons.