En el conjunto de la provincia de Sevilla, en el mes de julio de este año, la cifra de personas desempleadas ascendía a 223.576 personas. Una enormidad que, por constante, no deja de ser vergonzosa. Pues la sociedad sevillana está en el furgón de cola de los niveles de empleo, en comparación con el conjunto de España y de la Unión Europea.

Es público y notorio que, cuando se promueve cualquier convocatoria de empleo público, son centenares y miles las personas que se presentan, agolpándose en colas y aspirando a superar la prueba de selección, en busca de salir de la precariedad laboral y económica, que los aboca al riesgo de la pobreza.

Ese es el contexto en el que el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, de la Diputación, ha organizado una convocatoria para contratar a una persona como gerente, y aduce públicamente que solo se ha presentado una solicitud en tiempo y forma: un conocido militante del PSOE, Blas Ballesteros, que fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla a las órdenes del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. Y cuya influencia en la gestión de servicios públicos como la empresa de autobuses Tussam fue muy controvertida y muy onerosa para el interés general de los ciudadanos.

Se procede a contratar a Blas Ballesteros, la única persona que, según dicho organismo, ha presentado su solicitud en tiempo y forma.

Eso ocurre con otra referencia importante a tener en cuenta. La retribución anual para la persona que preside el Gobierno de Andalucía, en la actualidad Susana Díaz, es de 63.808 euros. Es, obviamente, el puesto de mayor envergadura y responsabilidad en las Administraciones Públicas de nuestra tierra. Sin embargo, para el puesto de gerente de un Consorcio de Aguas en la provincia de Sevilla, que en sus presupuestos del año 2016 solo prevé 5.000 euros para inversiones, la retribución estipulada es de 69.800 euros al año. Es decir, Blas Ballesteros va a cobrar más que Susana Díaz.

Es un caso flagrante de utilización torticera de las instituciones públicas, del empleo público y del dinero del contribuyente, para convertir cualquier organismo en un ‘pesebre’ del que viva holgadamente una persona que, en una sociedad de valores éticos, de transparencia y de meritocracia, tendría que ganarse el pan compitiendo en el mercado laboral para ser contratado, o emprendiendo como tantos profesionales que se arriesgan.

Partidos de la oposición como el PP y Ciudadanos, al conocer este episodio, que abochorna al conjunto de la opinión pública, exigen que se revoque la concesión de esa plaza y se convoque de nuevo, para que se presenten todos aquellos profesionales que cumplan los requisitos para ser gerentes de dicho Consorcio Provincial de Aguas. En Sevilla y provincia, hay miles y miles de profesionales con formación, experiencia y resultados que esgrimir para un puesto de ese tipo.

Por desgracia, todos los partidos políticos incurren en estas reprobables prácticas (que escandalizan a una sociedad ya harta de estos abusos), en los muchos o pocos ámbitos de gestión pública que pasan a controlar a nivel local, provincial, regional o estatal.

Pero, ni en este caso, ni en ningún otro, sean cuales sean los partidos y los dirigentes que propicien estas irregularidades e inmoralidades, debe prevalecer la resignación. Cada actuación política y administrativa en la que se consiga que prevalezca la rectitud y la decencia, es un paso adelante e importante para lograr normalizar la adecuada gestión del bien común.

Para más referencias, he aquí lo publicado en varios medios de comunicación sevillanos como ABC de Sevilla, El Correo de Andalucía o Diario de Sevilla.

En la imagen, Blas Ballesteros.