El 20 de agosto de 2017, Rocío Cortés, de 25 años, falleció en el sevillano Hospital de Valme cuando era trasladada en una camilla desde el paritorio a una habitación tras dar a luz a su tercera hija. Murió al quedar aplastado su cráneo porque se puso en marcha el ascensor en el que la estaba introduciendo un celador, sin que las puertas se cerraran, y la camilla aún no estaba completamente dentro. Un suceso que conmocionó al conjunto de la sociedad española, por lo que supone la muerte de alguien en esas excepcionales circunstancias personales y hospitalarias. Ha pasado un año y todavía no han concluido las investigaciones para aclarar las causas y responsabilidades del siniestro. Además, la Policía Científica intenta discernir por qué estaba borrada la información en el disco duro de los dispositivos del ascensor. Las preguntas son obligadas desde cualquier ámbito de la ciudadanía: ¿No es posible en 12 meses esclarecer el accidente, el funcionamiento y el mantenimiento de un ascensor? ¿El Gobierno autonómico y la Administración de Justicia no pueden funcionar más rápido?

A través de este enlace puede accederse a la entrevista radiofónica que en Radio Sevilla (Cadena SER) se le hizo el pasado 19 de agosto, con motivo del primer aniversario de esa tragedia, al abogado José María Núñez, que defiende a la familia de Rocío Cortés en la instrucción del caso para que se haga justicia. Y dicho letrado admite que el procedimiento va al ritmo habitual en nuestro sistema judicial, calcula que todavía se prolongará durante otros doce meses. Es decir, que la primera fase del caso durará dos años.

Esta ‘normalidad’ debe hacernos reflexionar y reaccionar. ¿Funciona de modo equilibrado nuestra organización social, en el fiel de la balanza de derechos y deberes, obligaciones y contraprestaciones, necesidades y servicios, responsabilidades colectivas e individuales, si para un caso como éste la demora es de dos años?

Decenas de miles de personas son a diario usuarios de ascensores como ese en los hospitales públicos andaluces, sufragados con dinero de los contribuyentes. Cualquier ciudadano puede ser, en un momento dado, un paciente en camilla que es introducido y sacado en uno de esos ascensores. El tremendo percance que acabó con la vida de Rocío Cortés es un hecho muy infrecuente. Pero el Servicio Andaluz de Salud (Junta de Andalucía) tiene la obligación de explicar de modo rápido e inequívoco qué sucedió, por qué sucedió y qué ha hecho desde entonces para mejorar sus sistemas de gestión de recursos materiales y humanos con el fin de evitar que accidentes como ese vuelvan a producirse.

Diversos medios de comunicación han publicado testimonios en los que se pone en duda el correcto mantenimiento de ascensores en el Hospital de Valme. Corresponde a las instancias judiciales y autonómicas esclarecer cuanto antes un siniestro que suscitó preocupación sobre el funcionamiento del sistema sanitario andaluz.

No debemos acostumbrarnos a ser una sociedad cuya normalidad consista en que un tema de este tipo, que atañe a la seguridad y al bien común, se demore años y años. Además, provoca otro efecto indeseado: mientras faltan las respuestas administrativas y judiciales de las que una sociedad moderna ha de dotarse, sustentadas en datos, peritajes y contraposición de testimonios, lo que circula es un conjunto de opiniones, suposiciones y quejas, más o menos fundadas, más o menos conocedoras del caso en cuestión, que pueden ser o no parte de la verdad.

Al respecto, es interesante leer este reportaje en ABC de Sevilla, en el que hablan Juan Cortés, el padre de la víctima, y expertos en el funcionamiento y mantenimiento de los ascensores. Incluidos los riesgos en los procesos de licitación pública a la baja y gestión empresarial de dichas revisiones.