Según el Catedrático de Derecho Antonio Porras, el Rey tiene capacidad para contribuir al desbloqueo de la situación política actual

La no-acción se predica en primer lugar por el mismo presidente en funciones: al parecer, Rajoy baraja nuevamente la equivocada estrategia de no aceptar la propuesta de investidura si no cuenta de entrada con los apoyos necesarios para la formación de Gobierno. La idea de presentarse sin apoyos sería congruente en alguien que, sin tenerla, roza la mayoría absoluta; pero ante un contexto donde la amplia mayoría de los españoles no desea el Gobierno de Rajoy está claro que éste no puede eludir, al menos en primera votación, mostrar su debilidad ante la Cámara. Porque ante los ciudadanos no caben malabarismos políticos y los resultados electorales son conocidos por todos. En la anterior legislatura tal responsabilidad pudo ser compartida por Pedro Sánchez que aceptó el envite, pero esa hipótesis ya no se plantea en el contexto presente.

Mucho más grave es la filosofía de la no- acción aplicada a la Jefatura del Estado. Por supuesto, ya sabemos que los jefes del Estado, sean monárquicos o republicanos, están para no hacer nada. Pero para no hacer nada cuando las cosas marchan correctamente. Ahora bien, cuando se bloquea gravemente el funcionamiento de las instituciones es la hora decisiva en que no tienen más remedio que ponerse las pilas. ¿Quién no recuerda los acelerados movimientos del presidente de la República Italiana cuando hay una situación de crisis de gobernabilidad? ¿Alguien ha puesto en duda que se haya salido del marco constitucional?

Por supuesto, el Jefe del Estado no tiene por qué bregar con estas tareas de forma personal y directa: pero sí puede designar con discreción a algún representante para que se encargue de forzar e impulsar los acuerdos necesarios para la formación de Gobierno. La idea de que el Jefe del Estado no debe nunca hacer nada es algo que no se sostiene ni siquiera en la propia historia de la democracia española: a estas alturas parece que ya se nos ha olvidado que, si esa filosofía la hubiese aplicado el rey Juan Carlos I en la tarde del 23 de febrero de 1981, en España hubiera triunfado un golpe de Estado.

Tampoco es congruente la idea de que el Jefe de Estado no pueda «forzar» la maquinaria del artículo 99 de la Constitución realizando sucesivas propuestas durante un plazo de dos meses, en lugar de quedarse a la espera de la iniciativa de los grupos. Nada le impide proponer candidatos que, en apariencia, puedan incluso romper con las previsiones iniciales de los grupos políticos. Imaginemos, por ejemplo, que el Rey propone la formación de Gobierno a Soraya Sáenz de Santamaría: ¿no resultaría a lo mejor que, milagrosamente, al cabo de unos días se hubiese llegado al acuerdo de investidura?

La idea de que el Jefe del Estado debe permanecer hierático y paralizado en momentos como éstos no se corresponde con la lógica de un sistema institucional diseñado para asegurar la gobernabilidad. Porque aunque ahora todos quieran apuntarse a la oposición hay que recordar la obviedad de que, sin Gobierno, no hay oposición.

Y lo que no cabe duda es que asuntos de consenso sobre los cuales se pueda forjar un proyecto de Gobierno existen a montones. Tanto para gobernar como para votar a favor sin participar en el Gobierno, o como para abstenerse a favor de quien gobierne. La serie de posibilidades es numerosa y el asunto se desbloquea en una tarde de conversación.