Sevilla no puede conformarse con las tendencias predominantes de sus indicadores macroeconómicos, a comienzos de 2018. La ciudad continúa año tras año perdiendo población, sobre todo población activa (dada la cantidad de jóvenes que emigran en busca de trabajo en regiones o países con más oportunidades de emprender su carrera profesional en buenas condiciones). Y parte de la reducción del desempleo en Sevilla se basa en empleo precario y con salarios muy bajos. Los asumen personas que no salen de la pobreza a pesar de estar trabajando. Además, los datos sobre fraude laboral y fraude fiscal, merced a las inspecciones de Trabajo, Seguridad Social y Hacienda, revelan la gran cantidad de empleos reales ocultos para no tributar, así como la tramitación de miles de altas ficticias desde ‘empresas fantasma’.

Para tener una visión amplia del panorama social, económico y laboral, aunamos en estas líneas algunas de las referencias recientes a tener en cuenta.

== El padrón oficial de Sevilla indica que la ciudad tenía en 2017 una población de unos 689.000 habitantes. Son 15.000 personas menos que en el año 2010. La progresiva disminución nos aboca a tener pronto un censo similar al de antes de la Expo’92. Como dato comparativo, a este ritmo en pocos años Zaragoza superará a Sevilla en población y se convertirá en la cuarta ciudad española por número de habitantes. Ver más datos a través de este enlace.

Uno de los edificios de la sede central de la empresa Abengoa, en Palmas Altas. Ha reducido un 50% los empleos.

== Es necesario analizar cuánta población se está perdiendo, sobre todo de profesionales muy cualificados, a consecuencia de la gravísima crisis que sufrió Abengoa, la principal empresa sevillana. Como multinacional llegó a tener una plantilla de 27.000 trabajadores. Muchos de ellos vinculados con Sevilla, estuvieran físicamente en la capital andaluza o en cualquier otro lugar del mundo. Y en su sede central, en el complejo Palmas Altas (en la imagen que ilustra este artículo), trabajaban 4.000 de esos 27.000 profesionales. Según los últimos datos facilitados por la actual dirección de Abengoa, la plantilla es ahora de 14.000 personas, se ha reducido prácticamente a la mitad. Y el mercado laboral de Sevilla y su área metropolitana tiene serias dificultades para que muchas de ellas puedan incorporarse a otras empresas, por lo que han de plantearse buscar oportunidades en destinos con más pujanza industrial. Sobre la evolución de Abengoa, pueden verse más datos en este enlace.

== Hay que poner en correlación ambos indicadores con el de la reducción del número de parados en Sevilla. En el balance total del año 2017 según el Servicio Andaluz de Empleo, son 4.940 menos. Es positivo que el mayor crecimiento económico (con factores al alza como la reactivación del sector de la construcción y el constante incremento del turismo) esté favoreciendo que haya menos desempleados. Que siguen siendo muchísimos, más de 72.000, Ver más datos en este enlace.

== El promedio de ingresos salariales sigue siendo muy bajo. Según un informe del Ministerio de Hacienda, en Sevilla y provincia el sueldo medio apenas supera los 920 euros al mes. Si la renta salarial anual era en 2014 un promedio de 15.580 euros por persona en activo, a final de 2016 había subido a 16.100 euros. Ello revela la notable dimensión de la precariedad laboral que está siendo una de las palancas del crecimiento económico. Por eso hay muchas familias que no salen de la pobreza aunque dispongan de uno o dos salarios. Si se segmenta por franjas de edad, los datos de Hacienda indican que el mejor promedio de ingresos anuales lo tienen las personas en activo con edad cercana a la jubilación, con una media de ingresos de 22.895 euros. Ver más datos en este enlace.

== También es importante conocer la cantidad de irregularidades que están aflorando gracias a la labor de los inspectores de Trabajo y de Seguridad Social. En 2017 se han descubierto más de 2.700 empleos irregulares. Ver más datos en este enlace. La economía sumergida perjudica al conjunto de la ciudadanía, socava la fiscalidad, trunca la libre competencia, agudiza la precariedad y la desigualdad. Siendo conscientes los poderes públicos de que en nuestra sociedad la economía sumergida puede ascender al 20% de la actividad, no tiene justificación que las Administraciones Públicas nacional, autonómica y local no dediquen más personas a la labor de inspección, que es rentable desde todo punto de vista.