El TAXI es un servicio público creado para atender las necesidades de transporte de los ciudadanos en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a las personas desfavorecidas y discapacitadas, según recoge la ley de ordenación de los transportes terrestres (30/VII/1987), que a su vez obliga a los poderes públicos a armonizar las condiciones de competencia entre los diferentes modos y empresas de transporte, evitando la competencia desleal, y protegiendo el derecho de libre elección del usuario y la libertad de gestión empresarial.

El TAXI goza de algunas prerrogativas (carriles reservados, libre acceso a cualquier espacio de la ciudad, aparcamientos exclusivos en forma de paradas, etc.) y, en consecuencia, debe estar regulado en beneficio de los intereses de los ciudadanos (fácil acceso al servicio, amplio horario, tarifa visible, limpieza del vehículo, seguridad en la conducción, recorrido más corto, cobro ajustado al servicio, respeto y deferencia al cliente, etc.).

Además, debe tenerse en cuenta en una ciudad que aspira a que el turismo sea una actividad económica de relieve que, en muchos casos, los taxistas son la primera imagen de Sevilla para los visitantes, que valorarán tanto la eficacia del servicio como la calidad en el trato humano, como un referente de toda la ciudad.

Sin embargo, el servicio del TAXI en nuestra ciudad es muy insatisfactorio, como lo manifiestan los ciudadanos en tertulias y blogs, y como lo ratifican encuestas realizadas por asociaciones de usuarios y consumidores (UCE y Eroski), en las que el servicio del TAXI en Sevilla se sitúa entre los de peor calidad de España.

Entre las infracciones y comportamientos abusivos del servicio del taxi, que los ciudadanos denuncian, destacan:

1. Carencia de libertad para que los clientes elijan el taxi que deseen en las paradas, lo que contradice el espíritu de la ley que lo regula.

2. Incumplimiento de las normas de circulación (cruzar semáforos en rojo, atravesar una línea continua, aparcar en la acera), con el riesgo que ello conlleva para otros conductores y para el propio cliente, y el mal ejemplo que supone de un colectivo que debería velar por su respeto.

3. Ausencia de garantía en la prestación del servicio. Algunos taxistas se niegan a realizar ciertos recorridos, a veces por seguridad y otras porque es corto. Las radio-taxis en algunas ocasiones no dan respuesta, sobre todo en horario nocturno o festivo, en otros no se comprometen a recoger al cliente en un tiempo razonable, y en otros dejan al usuario esperando con grave perjuicio. Además, es frecuente no encontrar ningún taxi en las paradas establecidas, sobre todo en horario nocturno.

4. Falta de respeto al cliente. En algunos casos los taxis están sucios o deteriorados, y el conductor no es respetuoso con el cliente ni con otros conductores. En otras ocasiones, el taxista no tiene en cuenta  la opinión del cliente respecto a la climatización, la apertura o cierre de las ventanillas y el volumen de la emisora de radio contraviniendo el artículo 57 de la Ordenanza Municipal del Taxi.

5. La tarifa única del aeropuerto es desproporcionada e irracional (no se considera el recorrido en el coste), aprovechándose de la falta de una alternativa eficiente de transporte colectivo, ya que el autobús existente presenta una frecuencia y horario muy limitados junto con una desorganización tanto en el acceso como en el viaje (falta de indicadores, asientos incómodos y dificultad para el transporte de las maletas).

6. La falta de control en la reventa de licencias posibilita su encarecimiento y genera corruptelas que empeoran el servicio público, lo que es contrario al artículo 14 de la Ordenanza Municipal del Taxi.

7. Episodios de violencia entre los representantes del taxi y autoridades  públicas se han producido recientemente,  y antes han sido entre los propios taxistas para monopolizar algunos recorridos como el del aeropuerto.

8. El servicio de radio-taxi constituye un oligopolio sin regulación municipal, y sus prácticas abusivas han sido sancionadas por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.

Recientemente los taxistas sevillanos han realizado diversas manifestaciones con ocupación  de la vía pública durante buena parte del día, provocando colapsos en la ciudad en varias ocasiones (las más recientes el 20 de noviembre y el 4 de diciembre del 2009). Las quejas de los manifestantes se centraban en los cortes de calles por obras, la dificultad de acceso al centro por la peatonalización, la construcción del carril-bici y la competencia desleal. Estos hechos, además de los efectos de la crisis económica, han generado una reducción de los ingresos de los taxistas, por lo que reivindican que se reduzca el número de licencias y que éstas sean rescatadas con coste para el Ayuntamiento, que ya les ha ofrecido pagar el rescate de 14 licencias por un importe de 475.000 €.

Debe tenerse en cuenta que dificultades semejantes, o incluso peores las sufren otros muchos negocios (algunos de los cuáles han tenido que cerrar) y no sólo no plantean expulsar de la competencia a algunos de ellos con cargo a la hacienda pública, sino que no se les ocurre impedir que se puedan abrir otros nuevos negocios competidores. (Resultaría disparatado,  que los dueños de los bares, solicitaran al Ayuntamiento el cierre de algunos mediante indemnización como solución a la crisis).

Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla, que debe defender los servicios  públicos y las reglas de la democracia, ha actuado de la siguiente manera:

1) Ha permitido que los taxistas se manifiesten (no andando, como cualquier colectivo, sino en coche) durante un tiempo excesivo, lo que ha provocado caos circulatorios en la ciudad con elevado perjuicio para los ciudadanos en repetidas ocasiones.

2) Ha colaborado jurídica y económicamente limitando la libre competencia empresarial y enviando al paro a algunos taxistas, lo que resulta incoherente y supone un agravio comparativo para otros sectores y para todos los ciudadanos que sufren la crisis económica.

3) No ha defendido el carácter de servicio público del taxi ya que no ha exigido ninguna mejora del mismo.

Por todo ello, el sector del taxi se ha convertido en un supuesto servicio público que se regula únicamente por los intereses privados de los taxistas sin contemplar el interés del ciudadano, que es lo que le confiere el carácter de servicio público. Este desequilibrio entre servicio público y negocio privado se ha intensificado por la dejación de la administración municipal en la exigencia del cumplimiento de la normativa reguladora del servicio público recogida en la Ordenanza Municipal del Taxi de Sevilla, ordenanza que merecería ser revisada de acuerdo con la experiencia de otras ciudades donde se ofrece un servicio de calidad.

De acuerdo con estas consideraciones y en orden a mejorar la calidad del servicio del taxi y la imagen de nuestra ciudad, la plataforma cívica  Iniciativa Sevilla Abierta propone las siguientes medidas al Ayuntamiento:

1. No autorizar manifestaciones con vehículos de cualquier tipo, que tienen como objetivo bloquear el tráfico de la ciudad.

2. No financiar a ningún sector con el objetivo de aumentar el paro en beneficio de un colectivo.

3. La regulación del servicio de radio-taxi asegurando la prestación de un servicio eficiente y público las 24 horas del día, impidiendo la discriminación hacia ciertos sectores (hoteles) y las prácticas de oligopolio.

4. Facilitar la libre elección de los taxis por los usuarios.

5. El uso obligatorio de taxímetros mecanizados, que expidan toda la información acerca del servicio prestado como documento de garantía.

6. Exigir mayor celo a los agentes de la autoridad municipal para denunciar cuantas infracciones detecten en el servicio público del taxi, tanto en la calidad del mismo como en el cumplimiento del código de circulación.

7. Racionalizar el servicio de taxi a los pasajeros del aeropuerto (información clara y asequible en el aeropuerto, así como una tarifa acorde al recorrido).

8. Exigir las medidas de seguridad adecuadas para que los taxistas no se vean en peligro al llevar a personas sospechosas de cometer delitos.

9. La presencia de carteles en los taxis con los derechos y deberes de los usuarios.

10. La elaboración de una normativa municipal que recoja las principales demandas de los ciudadanos y que garantice el carácter de servicio público del TAXI.

Iniciativa Sevilla Abierta (ISA) quiere abrir un debate sobre el servicio público del TAXI,  para ello, ha creado este apartado para el registro de sugerencias al manifiesto por parte de los ciudadanos que así lo deseen. También puedes adherite mandando un correo sevillaabierta@gmail.com