Compartimos a continuación la interesante tribuna publicada por el catedrático Antonio Ojeda Avilés, presidente del Instituto Estatal de Relaciones Industriales, en la que pone el dedo en la llaga sobre la cuestionable costumbre por parte de la Universidad de Sevilla de parar por entero cuando hay una convocatoria de huelga. Dicha opinión fue publicada en Diario de Sevilla el 13 de marzo y se puede leer aquí:

Huelga y cierre patronal en la Universidad de Sevilla

La Universidad es un servicio público y no tiene capacidad para cerrar sus puertas

El pasado día 9 se realizó una huelga de estudiantes y profesores en toda España por la mejora educativa y otras reivindicaciones, y en la Universidad de Sevilla vino seguida por el cien por cien de estudiantes y profesores, a diferencia del resto de las universidades, en las que el seguimiento fue mínimo, según los datos que se manejan. Tan radical diferencia merece una matización: no se trató de que la comunidad universitaria de la Hispalense sea la más huelguista del país, sino que la Universidad cerró sus puertas para evitar conflictos. Como simple alumno del Instituto de Idiomas de esa Universidad, me acerqué a recibir la clase de todos los jueves, y me encontré con la Facultad cerrada. Solo unas limpiadoras acicalaban los exteriores, y me aseguraron que estaba todo cerrado “por la huelga”. Aclaro que las contratas no quedan afectadas por las decisiones de la Universidad, y su personal, principalmente limpiadoras y vigilantes, continúan sus labores porque donde trabajan no es su empresa.

Entiendo que las reivindicaciones apoyadas por la huelga son absolutamente candentes y legítimas, con una Universidad languideciente por aspectos como los porcentajes de reposición y la falta de inversiones. Entiendo también que la Universidad tema que si mantiene las instalaciones abiertas en una jornada en donde se anuncian ausencias de una parte del personal pueda ser difícil gobernar lo que quede. Y por supuesto, el derecho de los empleados universitarios, tantos profesores como administrativos, debe ser respetado. Ahora bien, algo falla cuando estamos hablando de la huelga de la Universidad de Sevilla.

Lo que falla es que en realidad no se trata de una huelga. Ha sido un auténtico cierre patronal. Ha sido la propia Universidad la que ha cerrado sus puertas a tirios y a troyanos. En algunas facultades, como Derecho, se han nombrado unos servicios mínimos, aplicando por analogía los dictados por la Junta de Andalucía para los centros no universitarios, aunque no conozco su incidencia si el Rectorado ha decretado el cierre de todas las instalaciones.

Ha sido una decisión patronal que continúa una historia ya amplia en esta Universidad, pues la hemos visto en ocasiones anteriores: un sindicato de empleados o un consejo de estudiantes anuncia una huelga, y las autoridades académicas ordenan el cierre a cal y canto de todo el campus. Y no es por motivos puramente egoístas, como viene a ser la razón que anima a la normalidad de semejantes cierres patronales. Cuando la Universidad cierra no pretende con ello ahorrarse los salarios de todo el personal: simplemente pretende evitar conflictos, o posibles daños en las instalaciones.

Lo malo es que la Universidad no puede actuar de ese modo, salvo circunstancias excepcionales. El Real Decreto-Ley enuncia tres causas al respecto, como la amenaza real de un mal inminente y grave, o la imposibilidad de continuar la actividad con los trabajadores presentes. Pero ni siquiera dichas circunstancias pueden motivar el cierre patronal de una Universidad, sino situaciones mucho más críticas. La Universidad es un servicio público, y no tiene capacidad para cerrar a menos que se le autorice por la superioridad, dadas las circunstancias de especial gravedad. En una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que estimo algo exagerada, se llega incluso más allá: la actividad docente es un servicio esencial o fundamental, y a lo más que se puede llegar es a que la autoridad autonómica dicte los servicios mínimos de atención al público.

La Universidad de Sevilla debe asumir el riesgo (mínimo) de alteraciones y mantener abiertas sus puertas para los profesores y alumnos que quieran acudir a las clases. Si el Tribunal Constitucional da el mismo trato a la enseñanza pública que a la sanidad, como servicios esenciales, ni uno ni otro pueden cerrar y dejar fuera a usuarios y personal, por muy legítimos que sean sus motivos, salvo en muy contadas excepciones.