Desde la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta queremos poner de manifiesto la funesta paradoja que se da en nuestra sociedad: quienes alertan sobre irregularidades y mal uso del dinero público, en lugar de ser apoyados y protegidos, pues están defendiendo el bien común y el recto proceder, sufren un calvario laboral, económico y hasta procesal.

Consideramos, de hecho, que son más perseguidos ellos que quienes cometen la corrupción o quienes miran para otro lado y callan. Por eso, consideramos necesario dar a conocer entidades como la Plataforma por la Honestidad, que surge como un movimiento de apoyo a Ana Garrido en su lucha por desenmascarar a las redes corruptas de la trama Gürtel.

Uno de los objetivos principales de la Plataforma es seguir apoyando a Ana Garrido, aunque la pretensión de la plataforma es mejorar el soporte económico y organizativo para poder ofrecer esa opción al resto de la ciudadanía, poniendo a su alcance asistencia y asesoramiento para desenmascarar a una persona o ente público corrupto. Igualmente, persiguen que los partidos políticos se pronuncien de manera clara contra la corrupción, exponiendo sus planes de acción respecto de la protección de testigos, como elemento clave en las investigaciones abiertas sobre casos de corrupción en el ámbito de las instituciones.

En este sentido, en un acto que tuvo lugar el 9 de mayo y que se recoge en este enlace, han presentado en el Congreso de los Diputados propuestas (que pueden consultar aquí) para que se mejore el amparo legislativo a las personas que cumplen con su obligación ética y alertan sobre las prácticas corruptas. En las democracias mejor organizadas, ya está regulado cómo proteger a cualquier ciudadano que vela de esa manera por el interés general, con el fin de que no sienta miedo a represalias.

Esta situación de desprotección hacia el denunciante también sucede en Sevilla, donde está siendo muy perjudicado Roberto Macías, que era empleado de UGT Andalucía, y ha desvelado a los investigadores policiales y judiciales el fraude en el uso de fondos públicos por parte de la cúpula dirigente de dicho sindicato, camuflándolo mediante facturas falsas.

Macías no solo fue despedido por decir la verdad, sino que está siendo perseguido y vive un auténtico calvario, que ha sido denunciado también por la plataforma, tal y como se recoge en esta información.

En una entrevista para el diario Abc, Macías declaró: “he perdido tres años de mi vida en un calvario judicial sin sentido. He perdido mi trabajo y mis pocas posesiones. ¿Qué más quieren que pierda? ¿Mi salud, mi patrimonio, mi familia?

Ante esta situación, animamos a consultar también este reportaje publicado en Voz Populi donde se da a conocer la trastienda de lo que están sufriendo varios ciudadanos que, como Roberto Macías, decidieron ser honestos. Si la sociedad no reacciona para que la honestidad persiga a la corrupción, y no al revés, se impondrá la ley del silencio, y la corrupción se extenderá por todos los ámbitos de la sociedad hasta hundir la democracia, la meritocracia, la igualdad de oportunidades, la justicia social.