Una organización tan seria e independiente como Amnistía Internacional ha analizado el derecho a la vivienda en España y lo define como «uno de los más endebles de Europa«. Para esta ONG, en nuestra sociedad, tanto en sus políticas como en las costumbres de los ciudadanos, existe el concepto erróneo de entenderla como propiedad y no como necesidad.
Para esta organización, es altamente significativo que nuestro país sólo cuente con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de los Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% del Reino Unido o el 17% de Francia, según los datos recogidos en el informe «Derechos desalojados«, que podéis consultar aquí. En este documento se estudia el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España, abordando el gravísimo problema de los desahucios. Y es que, de entre los quince primeros países que formaron parte de la Unión Europea (UE-15), sólo Grecia presenta un dato inferior ya que «es el único» que no tiene actualmente un plan de vivienda social.
En declaraciones del director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, «el derecho a la vivienda corre peligro en España y las autoridades no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho«. Amnistía considera que la vivienda es un «derecho hipotecado» en España porque a pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008 hasta el primer trimestre de 2015 según los datos del CGPJ, el Gobierno ha adoptado medidas «insuficientes» que no han protegido la vivienda como derecho humano y que han tenido un alcance «muy restrictivo» al haber beneficiado únicamente a 31.500 familias. Además, Amnistía reclama que se paralicen todos los desahucios hasta que no se adopten garantías de protección, y pide que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen caso por caso la razonabilidad y la proporcionalidad del desalojo, estableciendo un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas.
Para Beltrán, «el Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda y ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones«, al mismo tiempo que señala que España tiene más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente un 30% de las que hay en Europa. Para finalizar, Amnistía recalca que la Sareb, el «banco malo», tiene en su propiedad 80.000 viviendas, de manera que el Gobierno debería modificar su mandato y promover así el uso de esas viviendas para asegurar el acceso al mayor número de personas.
En la imagen: portada del informe de Amnistía «Derechos desalojados».
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