El último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirma que la ex directiva de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), con Fernando Villén a la cabeza, pagó juergas en prostíbulos con fondos destinados a la formación de personas desempleadas, que posteriormente se blanqueaban con facturas falsas.

Desde la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta condenamos que el uso del dinero público se haga con tamaña inmoralidad. La Faffe fue creada en 2003 por el Gobierno andaluz bajo el criterio de fomentar la inserción laboral de los sectores con más dificultades para tener empleo. Y tanto se prostituyó su finalidad que acabó sirviendo de tapadera para que se pagaran juergas en prostíbulos. Todos los partidos políticos deberían condenar con igual intensidad estas tropelías. Por decencia, por ejemplaridad. Todos los partidos tienen que ser contundentes y fulminantes depurando las cúpulas de sus organizaciones en cuanto detectan que una persona abusa de su posición. Y no jugar a la defensiva si es un correligionario, pero sí a la ofensiva cuando tiene el carné con otras siglas. Por respeto a la dignidad de la mayor parte de votantes, simpatizantes, militantes y dirigentes. Porque ninguna organización política o social está compuesta por una mayoría de personas cuyos valores y cuyas conductas consistan en corromper y corromperse.

La corrupción de Fernando Villén en la Faffe

Fernando Villén, el principal acusado, era secretario de Empleo del PSOE andaluz, y fue nombrado responsable de la Faffe desde su fundación en 2003 hasta que en 2011 quedó integrada en el Servicio Andaluz de Empleo. Durante estos años, la Faffe recibió alrededor de 300 millones de euros de fondos públicos de la Junta de Andalucía. Se trataba, en su inmensa mayoría, de subvenciones de las que algo más de 55 millones nunca fueron justificadas.

Según desvela el informe que la UCO ha enviado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Villén pagaba las facturas (en ocasiones de miles de euros) en clubes de alterne de Sevilla, Córdoba y Cádiz con las tarjetas de crédito de la Faffe. Luego aparentaba la devolución de esos fondos. Primero los reponía y, a continuación, los recuperaba como gastos propios (dietas, desplazamientos, etc).

Por ejemplo, entre el 22 y el 23 de marzo de 2010, cargó a la tarjeta de la Faffe una factura de casi 15.000 euros en el club Don Angelo de Sevilla. Villén declaró ante la juez María Núñez Bolaños que se confundió con su tarjeta particular al abonar los servicios en el club de alterne.  Sin embargo, y tal y como han reconstruido los investigadores de la UCO, fue el chófer de Villén quien llevó en persona al prostíbulo un sobre con dinero en efectivo para borrar los registros bancarios, anulándose los cargos en la tarjeta. En esos mismos días, se cobraron dos cheques por un importe total de 6.300 euros. La UCO sospecha que ese dinero fue a parar a manos de Villén para compensar la devolución de los fondos de la tarjeta en el Don Angelo.

La Guardia Civil también ha encontrado numerosas facturas de comidas que habrían sido alteradas para disparar su coste. Por ejemplo, una comida en un restaurante italiano con importe de 5,50 euros, aparecía en la contabilidad de la Faffe con un importe de 205,50 euros. En otro bar de Sevilla, una comida que costó 28,50 €, consta con un importe de 228,25 euros. De esta forma, quien presentaba el justificante manipulado recibía ese dinero en efectivo de las cajas de la Faffe, muchísimo más de lo que se había gastado.

El atestado de la UCO también revela que Villén usó durante más de una década un vehículo de la entidad para su disfrute personal. El coche que primero fue su vehículo oficial, un Seat Toledo, pasó a sus manos tras un contrato de renting con la Faffe. Las pólizas de seguro y las multas corrían a cargo de la Administración autónomica.

A la par que en los ámbitos judiciales han de dirimirse las posibles responsabilidades penales, en el Parlamento de Andalucía ha de conseguirse que todos los partidos pacten profundas mejoras en la eficiencia de la Administración autonómica, tanto en sus servicios centrales como en cualquier empresa pública o fundación pública, para que nunca más sea posible convertirlos en un ‘chiringuito’ donde ni se evalúan la calidad de sus rendimientos con el dinero público, ni se detectan de inmediato las corruptelas.