Ante propuestas carentes de justificación como el ‘pin parental’, que no es una demanda social, desde ISA consideramos que la Educación es un deber cívico y factor de cohesión que no puede ser instrumentalizado ni desnaturalizado por partidos políticos o grupos de interés. En este sentido, recomendamos tres artículos que aportan tres perspectivas complementarias: una desde el interior del sistema educativo; otra desde el análisis constitucional sobre los preceptos de nuestro Estado de Derecho en materia educativa; y otra desde el análisis periodístico.

Tres perspectivas diferentes y complementarias

  1. Ruth Rubio Marín es catedrática de Derecho Constitucional Comparado del Instituto Universitario Europeo de Florencia, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y socia de ISA. En su artículo publicado en el medio Economistas frente a la crisis, y titulado ‘La quimera de la neutralidad educativa: a vueltas con el «Pin Parental»’, Ruth Rubio afirma que “En puridad, y frente a los que afirman la posibilidad de separar contenidos y valores para relegar éstos al ámbito familiar y parental, la enseñanza nunca puede ser axiológicamente neutra. La neutralidad educativa es una quimera. No existe sistema educativo alguno que se limite a la transmisión de conocimientos y habilidades axiológicamente asépticas. No se trata solo de los hechos que se transmitan sino también del método de transmisión. Decisiones tales como quién enseña, qué se enseña y con qué grado de importancia, quién puede ser admitido a las aulas, cómo ha de sentarse el alumnado, qué reglas de conducta imperan, todas ellas reflejan un sistema de valores, ya sea éste explícitamente reconocido o no, y se suman a lo que, en definitiva, constituye una experiencia educativa dentro de un ámbito de socialización esencial para los menores. Tal vez por eso, por esa imposible neutralidad, quiso nuestro sistema constitucional reconocer junto al derecho de enseñanza la libertad de enseñanza pero también el derecho a que, dentro de la enseñanza pública se pueda dar la transmisión de contenidos y valores religiosos para los padres y madres que así lo quieran para sus hijas e hijos”. Añade que “lo que no pueden pretender los defensores del pin parental es que esta libertad y este derecho agoten el ámbito de la formación en valores que se transmiten a través de la enseñanza puesto que el Estado tiene no solo un interés legítimo sino una auténtica obligación constitucional de transmitir valores como la tolerancia frente al pluralismo y el respeto a los derechos fundamentales para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos de todos, empezando por los de las minorías y grupos oprimidos (art. 9.2). Que pueda darse cierta disonancia entre esos valores constitucionales que, por serlo, nos obligan a todos más allá de nuestras particulares ideologías políticas o convicciones morales, y los valores religiosos y la formación moral que los hijos reciben en sus hogares no constituye lesión de derecho alguna sino un entrenamiento en la tolerancia a la diversidad y el pluralismo y un aprendizaje necesario de que, más allá de nuestras preferencias o convicciones, o las de nuestros progenitores, están las reglas básicas del juego que son los mandatos constitucionales que obligan a todos por igual. En eso consiste la democracia constitucional”.
  2. Javier Merchán Iglesias es el presidente del Observatorio de la Educación. En su tribuna en Diario de Sevilla titulada ‘El pin parental. Una educación a la carta’, Merchán afirma que “Pudiera parecer que detrás de la fórmula del pin parental subyace una filosofía ultraliberal que desconfía del Estado y sólo da por buenas las decisiones que toma el individuo en busca de su propio interés; es decir, detrás del renombrado pin, estaría una especie de anarco-liberalismo. Pero las cosas no son como parecen, pues este individualismo radical no reniega del Estado, al contrario, lo reclama y lo necesita. Al pensar que la educación no está en buenas manos y que ello provoca dolores de cabeza a las familias, reivindican una educación como Dios manda, dejarse de modernismos estrambóticos y volver a las viejas tradiciones. No es que los defensores del pin parental pretendan que no se adoctrine a los jóvenes en las escuelas; más bien pretenden que se les inculque la doctrina supuestamente verdadera y, si es posible, con la subvención del Estado. Eso sí, en centros escolares que sean de fiar”. Añade que “como deberían saber los partidos que apoyan semejante iniciativa -los que ahora se llaman constitucionalistas-, esta educación a la carta no se aviene con nuestra Constitución ni con las leyes vigentes en materia educativa. En lo que hace a la Carta Magna, el apartado cuatro de su artículo 27 establece que la enseñanza básica es obligatoria, no es una opción para las familias. El apartado tres de ese mismo artículo dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por su parte, la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), establece que compete a las administraciones educativas -estatal y autonómica- la determinación de los contenidos del currículum es decir, de lo que ha de enseñarse y debiera ser aprendido. Al margen de la optatividad que pudiera establecerse, nada dice acerca de que las familias tengan potestad para decidir qué es lo que se enseña a sus hijos. Pero he aquí que, precisamente, en lo que hace a las actividades complementarias, que forman parte del currículum con tanto derecho como el Dibujo o la Literatura, precisamente en este campo, la ley si contempla la participación de las familias, pues el plan de esas actividades debe ser aprobado por el Consejo Escolar de cada centro, institución en las que están representadas las familias a través de sus asociaciones y de sus representantes elegidos periódicamente. Es sencillamente absurdo que cada una de las familias -el padre… y la madre de cada alumno- decida unilateralmente sobre cada una de las actividades. Sería suponer que los miembros del Consejo Escolar son unos insensatos y aprueban cualquier cosa que a alguien se le ocurra”. En este sentido, asegura que “la fórmula del pin parental no sólo estaría al margen de la ley, sino que proyecta también una inquietante simplificación de la vida social: ellos y nosotros; los que, atrincherados en los engranajes de las instituciones o en organizaciones de dudosa moral, hacen daño a nuestros hijos y los que, amparados por la verdad, disponen de la genuina vacuna contra el virus de la democracia y otras ocurrencias de los consejos escolares”.
  3. Carlos Mármol es periodista. En su artículo de opinión titulado ‘¡Saquen las manos de la escuela!’ publicado en el diario El Mundo, Carlos Mármol expone que “lo mejor que puede hacer un político por la educación pública es abstenerse de pisar una escuela. Los institutos y los colegios, en términos civiles, deberían ser espacios sagrados donde se enseñe a pensar con libertad y se practique el sentido crítico -el derecho a cuestionarlo todo mediante la argumentación racional- sin caer en la tentación, inherente a cualquier poder terrestre, de adoctrinar a los que espera que, antes o después, se conviertan en sus súbditos. La polémica por la implantación del pin parental, desatada como preámbulo de la legislatura polarizada y conflictiva que nos espera, en la que se van a librar batallas que ya parecían superadas pero que ahora se reavivan por intereses partidarios, ha provocado una grieta (política) en el Gobierno de la Marisma. Su dimensión exacta todavía es incierta”. Asegura que “no estamos viviendo un debate, sino un conflicto cultural que es ideológico. Tan inaceptable es ver en las aulas públicas a un sacerdote predicando su moral, que debería impartirse en las parroquias, como a un activista contándole a los escolares cuál es su idea (dogmática) de la diversidad social y el feminismo. En estas cuestiones, que pertenecen al ámbito privado, todos los individuos deberían ser libres para elegir los mensajes que desean escuchar fuera de los programas escolares regulados por ley. Los alumnos no son propiedad de sus padres, pero tampoco pertenecen a la mayoría parlamentaria vigente en cada momento. ¿O es que acaso alguien cree tener la prerrogativa de influir (sin límites) en la conciencia personal?”. Por último, añade que “Andalucía tiene una tasa de fracaso escolar del 21,9%, una de las más altas de Europa. Poseemos el honor de contar con la mayoría de repetidores en Secundaria. El rendimiento en nuestras aulas de los menores de 15 años es el más bajo de España. Ninguno de estos datos ha provocado el vendaval político del pin parental. ¿Quieren saber la razón? Porque nuestros políticos conciben los colegios como atrios, en vez de como lo que son: espacios donde se enseña a pensar de forma autónoma. ¡Saquen las manos de la escuela pública! Unos y otros”.