La viceconsejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Isabel Balbín, funcionaria, dimitió de su cargo en la Administración autonómica a finales de julio y se ha dado de baja como militante de Ciudadanos. A través de un mensaje de WhatsApp a sus compañeros y allegados, la ex número dos de Empleo desmentía la versión del Gobierno andaluz y aseguraba que dimitió debido a las “enormes presiones” por parte de la consejera de Empleo (también de Ciudadanos) y del PP, y no por motivos personales. También afirma que su salida de la Junta se decidió en febrero, el mismo mes de su nombramiento. Este es el mensaje completo:

«Hoy me he dado de baja en Ciudadanos, difícil paso para alguien que creía que otra forma de hacer política era posible. Me voy con la conciencia tranquila y la seguridad de haber hecho lo correcto siempre. Mi cese en la Consejería se decidió en febrero igual que el de Miguel Guijarro o los tres del ‘comando antifraude’, el tercero no llegó y era el más importante. Todo por “las enormes presiones que estoy recibiendo” (palabras textuales de la Consejera). Empleo es hoy una Consejería dirigida por el PP , del mismo modo que Igualdad lo es por el PSOE . Y todo ello ante la despreocupada inacción o quizás impotencia de nuestros principales dirigentes que son unas marionetas en las manos del PP».

Isabel Balbín denunció el fraude de los cursos de formación

Isabel Balbín fue elegida para incorporarse a un alto cargo del Gobierno andaluz porque durante varios años participó activamente como denunciante del caso de fraude de los cursos de formación, que la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir el pasado julio. Estuvo entre quienes ayudaron a destapar el llamado “caso Edu“desde su puesto como funcionaria en la Tesorería de la Seguridad Social de Málaga. Su aportación a la investigación la llevó a formar parte del llamado coloquialmente “comando anticorrupción” del nuevo Gobierno andaluz, es decir, una serie de personas que que la actual consejera de Empleo, Rocío Blanco (designada por Ciudadanos), fichó para su gabinete por haber sido denunciantes de la corrupción del anterior Ejecutivo. Así presumía Juan Marín, actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, del nombramiento de Balbín en su cuenta de Twitter:

Tal y como glosa la periodista Isabel Morillo en El Confidencial, “se suponía que la llegada de estos denunciantes de corrupción a la consejería de Empleo iba a servir para destapar las irregularidades en una consejería que se había convertido en epicentro de la corrupción en la Junta. Sin embargo, nada más llegar, en lugar de destapar las irregularidades, la consejera dio un sorprendente giro de guion y, tal como hizo su antecesor socialista en el cargo, se negó a dar información sobre las investigaciones internas de los cursos de formación alegando que estaba todo judicializado”.

Posteriormente, en otro giro sorprendente, el Gobierno andaluz, ya de PP y Cs, se sumó a las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y la jueza María Núñez Bolaños, y pidió el carpetazo del presunto fraude de la formación que abrió Mercedes Alaya en los juzgados de Sevilla. Al contrario de lo que hizo el PP como acusación particular, que recurrió el archivo y logró que la Audiencia de Sevilla diera órdenes directas a la Consejería de Empleo de que volviera a revisar los expedientes de esta supuesta estafa en ayudas públicas. El Gobierno, solo tras evidenciarse la incongruencia, también rectificó parcialmente su postura y desde sus servicios jurídicos apoyó que se dejara de investigar a ex altos cargos socialistas, pero sí reclamó que se tratara de recuperar el dinero supuestamente defraudado”.

Debe decir públicamente lo que sabe

Desde ISA consideramos de una gran gravedad que una persona como Isabel Balbín, que ha dado la cara para investigar los supuestos casos de corrupción en los cursos de formación bajo los mandatos del PSOE al frente de la Junta, dimita debido a presiones por parte de Ciudadanos y del PP. ¿Qué está ocurriendo en la Consejería de Empleo y en la Junta de Andalucía? ¿Hay más interés por ejercer la ejemplaridad o por tapar los casos de corrupción?

Si Isabel Balbín no ha podido soportar las presiones que la han hecho dimitir de su cargo, no puede irse sin decir de dónde provienen. Tiene el amparo del Estado de Derecho para tirar de la manta e informar públicamente quién presiona, por qué y qué se quiere ocultar. Su obligación cívica, ahora que no desempeña un cargo en la Administración autonómica, es decir lo que sabe públicamente. Desde ISA la animamos a ella y a otras personas a denunciar y divulgar lo que saben sobre las posibles implicaciones en los casos de corrupción. De lo contrario, favorece que impere la ley del silencio.