En la evaluación de las políticas públicas de todas las Administraciones implantadas en Sevilla, y en el análisis de las responsabilidades, por activa o por pasiva, de las sucesivas personas que han dirigido ámbitos de poder público a nivel estatal, autonómico o local, la no utilización del antiguo Hospital Militar de Sevilla para la sanidad pública es uno de los episodios más nefastos de pérdida patrimonial para el bien común y de negligencia para reforzar el sistema público de salud. Fue traspasado por el Ministerio de Defensa en 2004 a la Junta de Andalucía. Nunca se ha aprovechado. El hospital cuenta con 12 plantas. Está vaciado, abandonado y, por ello, muy deteriorado.
A lo largo de estos 14 años, hasta 21 ayuntamientos de la provincia de Sevilla (Sevilla, Mairena del Aljarafe, La Algaba, Alcalá del Río, Pedrera, entidad local de las Marismillas, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Santiponce, Los Corrales, Martín de la Jara, Castilleja de Guzmán, El Viso del Alcor, Los Palacios, Carmona, Utrera, Dos Hermanas,…) han aprobado en sus respectivos plenos municipales una moción de apoyo a la reapertura del edificio, inaugurado en 1980, exigiendo que en los presupuestos de la Junta se consignen las partidas presupuestarias que permitan el inicio del proyecto. Pues tanto la población de la capital como la de la provincia necesitan más equipamientos sanitarios y más dotación de personal especializado en la oferta de sanidad pública, que en los últimos lustros no ha avanzado al ritmo adecuado y a tenor de las crecientes demandas de ancianos, adultos y niños.
Junta y Ayuntamiento: Compra por 34 millones y reforma por otros 44
Este fracaso debe ser de dominio público. Es de los temas sobre los que debe debatirse antes, durante y después de las campañas electorales. Como dice Antonio Barreda en su análisis publicado en El Demócrata Liberal, «el 26 de junio de 2003 la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla acordaban con el Ministerio de Defensa la compra del Hospital Militar por 34,5 millones de euros. El acuerdo incluía un protocolo según el cual el Gobierno lo transfería al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a cambio de seis millones y de la recalificación de los terrenos militares ubicados en Villanueva del Pítamo, que pasarán a ser urbanizables y que se han valorado en 28,5 millones de euros».
Es importante tener en cuenta todos estos datos recabados para dicho artículo, y que también están en otras fuentes hemerográficas: «La Junta empezó las obras para remodelar el Vigil de Quiñones con la empresa Isolux Corsan, con un presupuesto de 44 millones de euros. Fondos con los que se contaba para ampliar la zona de escaleras y ascensores entre la planta cuarta y la duodécima del edificio principal. También estaba previsto la construcción de un edificio nuevo de dos plantas en una superficie de 1.500 metros cuadrados y la restauración del resto de pabellones. Una obra que tendría término en 2013. Pero en mayo de 2011 se paralizó la obra aduciendo falta de pagos del SAS a la constructora. El proyecto de reforma previsto para el Hospital Militar incluía 232 habitaciones para hospitalización y otras 36 en un hospital de día, además de diez quirófanos y salas para la preparación de pacientes, de consultas externas, 18 de exploración y una unidad de salud mental de agudos con 19 habitaciones, junto con un Centro de lesionados medulares y hasta la posible centralización en el hospital de la Unidad de Oncología».
El general Pérez Piqueras también acusa a Trillo como ministro
Y también recomendamos leer el testimonio del último director del Hospital Militar, el general médico José Luis Pérez Piqueras, porque de sus declaraciones al periódico ABC de Sevilla se pueden espigar datos y detalles muy relevantes sobre cómo el traspaso del Hospital Militar de Sevilla ha interesado más a varios dirigentes políticos para utilizarlo como baza de sus intereses personales a la hora de hacer carrera política, o como arma arrojadiza en la dialéctica partidista, y no como un servicio público de primera necesidad. Comenzando por el comportamiento del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, que decidió cerrar dicho hospital pese al informe de los expertos del propio ministerio. Esto es lo que dice Pérez Piqueras: «Parece mentira, pero fue así de simple, sin ningún argumento. En la entonces Región Militar Sur se decidió cerrar el hospital Militar de Sevilla y dejar abierto el hospital Naval de San Fernando. Prevaricación impropia de un político con principios. Crear una comisión, para que, con argumentos banales, trate de justificar una decisión predeterminada es, como mínimo, una arbitrariedad. Una decepción para los que creemos en la seriedad y honestidad de las instituciones básicas del Estado, porque desde cualquier punto de vista —logístico-operativo, volumen asistencial, dotación de personal y tecnología, importancia social, enseñanza universitaria, modernidad y eficiencia del inmueble, etc.—, era descabellado hacer esa elección».
Por desgracia, la radiografía actual de este hospital es la descrita por el periodista Romualdo Maestre: «Un moderno hospital de 12 plantas, 750 camas, cinco quirófanos, 29 especialidades médicas, en el que trabajaban 800 personas, a pleno rendimiento, que contaba hasta con un helipuerto, convertido en un botín donde surtirse chatarreros, quincalleros y demás amigos de lo ajeno. Lo que iba a servir a Sevilla para ponerse a la altura de la media de la sanidad pública andaluza en número de camas por habitante, cuando fue desafectado por el Ministerio de Defensa en 2004 y pasara a la Junta, es hoy en día un fantasma moribundo».
Una colosal negligencia de la que nadie se ha hecho responsable.
Desde 2003, la presidencia de la Junta de Andalucía ha sido ejercida por Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Al frente de la Consejería de Salud han estado Francisco Vallejo, María Jesús Montero, María José Sánchez Rubio, Aquilino Alonso y Marina Álvarez Benito. La alcaldía de Sevilla ha sido ejercida por Alfredo Sánchez Monteseirín, Juan Ignacio Zoido y Juan Espadas.
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