• Dos exdirectivos de la Fundación Atarazanas registraron la entidad en favor de la Primera Vuelta al Mundo con unos estatutos ilegales no avalados por el Pleno del Ayuntamiento.
• Núñez y Crespo, en virtud de estos estatutos particulares, se nombraron socios numerarios, atribuyéndose la gestión económica de la Red, que recibe 144.000 euros de las arcas públicas.
• El gobierno de Espadas decide condicionar su permanencia en la asociación a una “reformulación” de los estatutos que elimine las atribuciones que ejercen Núñez y Crespo.

La Red de Ciudades Magallánicas, asociación constituida por las urbes que forman parte de la ruta de la Primera Vuelta al Mundo, es un fake. Un engaño. Un negocio particular cuyo interés público está desde hace meses en cuestión. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, principal sostén institucional de esta entidad, discutirá mañana una propuesta de acuerdo del gobierno local merced al cual la capital hispalense, cuna de la gesta magallánica,supedita su permanencia dentro de esta institución a la modificación de sus estatutos, que, según un informe jurídico de la Secretaría Municipal, incurren en una clara contradicción con la ley de asociaciones. Es la salida jurídica que ha encontrado la Alcaldía para poner remedio, casi dos años después, a la estafa consentida por el anterior regidor, Juan Ignacio Zoido (PP), que decidió embarcar a Sevilla en este proyecto promovido a título particular, y con un evidente afán lucrativo, por dos de los expresidentes de la Fundación Atarazanas, José Manuel Núñez de la Fuente y Rafael Crespo, que se nombraron a sí mismos cargos ejecutivos permanentes de una entidad que recibe cada año un mínimo de 144.000 euros de las arcas públicas.

Además de las implicaciones jurídicas del caso –el Ayuntamiento forma parte desde octubre de 2014 de una asociación cuyos estatutos nunca ha aprobado y ni siquiera conoce–, el engaño perpetrado en la Red de Ciudades Magallánicas tiene trascendencia institucional, dado que en diciembre de 2014, cuando el PP aprobó en el Pleno el patronazgo de Sevilla en favor de esta iniciativa, lo que se produjo en realidad fue una estafa a la ciudad consumada en la persona de sus máximos representantes institucionales, que respaldaron con su voto unos estatutos que no son los que se han inscrito en el registro oficial, sino otros distintos –sin aval institucional– elaborados por Núñez y Crespo, que de esta forma consiguieron nombrarse a sí mismos socios de una Red constituida sólo por instituciones. No fue su único triunfo: mediante este mismo ardid registral se adjudicaron también las tareas de recaudación, gestión y custodia de los recursos económicos de la asociacion. Finalmente, completaron el círculo asumiendo la representación legal de la entidad ante terceros, usando como sede –sin título legal– un pabellón municipal y adjudicándose hasta un sueldo anual. Todo ello gracias a la ceguera del anterior gobierno local. Desde su creación, la Red de Ciudades Magallánicas viene actuando de forma irregular, amparada en unos estatutos que no son conformes a ley y celebrando convenios sin el respaldo jurídico suficiente. El último de estos acuerdos data del pasado mes de junio. Fue suscrito con la Universidad Pablo de Olavide.

Según el informe jurídico de la Secretaría Municipal, es preciso “regularizar” cuanto antes el status del Ayuntamiento de Sevilla dentro de la Red Magallánica, ya que los estatutos registrados “no han sido autorizados por el Pleno y cambian la naturaleza” (inicial) de la iniciativa (un consorcio de instituciones públicas para celebrar la gesta de Magallanes) al incorporar a dos socios privados. Se trata de los citados Núñez y Crespo, que aún son miembros de pleno derecho de la Red, al mismo nivel que los representantes institucionales, después de haber usado para sus fines personales a la Fundación Atarazanas, institución bajo cuyo amparo recabaron todos los apoyos nacionales e internacionales necesarios para dotar de credibilidad a su iniciativa. La Secretaría Municipal dice en su informe que esta participación de “personas privadas” en la Red Magallánica “induce a confusión sobre su naturaleza e identidad”, ya que supone una “ampliación del ámbito subjetivo (de la Red) sin consentimiento del Pleno”. Y apunta algo más: a su juicio (la presencia de personas físicas como socios de la Red) “no puede justificarse” al amparo de la legislación sobre asociaciones, “pudiendo resultar contraria a los preceptos de la referida norma”.

Estos poderes (ficticios) explican que los dos exdirectivos de la Fundación Atarazanas se hayan asignado una retribución anual para cada uno. Además, cuentan con la potestad de recaudar dinero y fijar las cuotas extraordinarias que sean necesarias para el sostenimiento de la Red. La Secretaría Municipal llama la atención sobre un hecho bastante elocuente de cuáles han sido desde el principio sus pretensiones. Además de la anomalía que supone que dos personas participen a título particular en una entidad formada sólo por instituciones públicas, la presencia de Núñez y Crespo en los órganos directivos de la Red Magallánica permite a ambos disfrutar de idénticos derechos políticos (dentro de los órganos de gobierno de la asociación) que las instituciones pero, al contrario que éstas, sin asumir las mismas obligaciones, especialmente económicas. Cada ciudad integrante de la Red aporta a las arcas de la asociación 12.000 euros cada año, sin incluir gastos extraordinarios. Núñez y Crespo no sólo no pagan esta cuota como socios, sino que cobran gracias a las aportaciones de todos los demás. Un detalle que explica los verdaderos motivos por los que los dos exdirectivos de la Fundación Atarazanas, en cuyo nombre negociaban con los representantes institucionales, decidieron convencer a Zoido para crear una Red de Ciudades Magallánicas cuyo único objeto social es su beneficio particular.

En la imagen superior, Crespo y Núñez de la Fuente, junto al rector de la UPO, Vicente Guzmán, en su último acto público/ Foto: UPO.