Compartimos un artículo elaborado por un socio de Iniciativa Sevilla Abierta, Francisco Javier Fernández Franco, inspector educativo que intervino en el ciclo de ISA acogido por La Fundición en el año 2015. Es un estudioso de la materia, que además trata habitualmente en sus artículos en INED21, medio digital de educación y aprendizaje en español, del cual es coordinador.
En su artículo, titulado «Fondo de Garantía Educativa», analiza cuantitativa y cualitativamente el gasto educativo en España. Y, lo más interesante, propone la creación de un Fondo de Reserva para garantizar unos parámetros mínimos exigibles en el sistema educativo. Se puede leer a continuación:
FONDO DE GARANTÍA EDUCATIVA
El informe Cuentas de la Educación en España 2000-2013. Recursos, gastos y resultados, publicado en abril de 2016 por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), y por la Fundación BBVA, establece un acertado y riguroso análisis del gasto/inversión que las diferentes administraciones realizan en el sistema educativo, tanto privado como público desde la educación infantil hasta la universitaria. De él, destacamos (entre otras muchas que ofrece) las siguientes 17 claves: en 2013 el sector público realiza el 57,9% del gasto (frente al 67,2 de 2007) y el privado el 42,1% (frente al 32,8% en el 2007). Parte de los esfuerzos deberían dirigirse a apoyar la educación infantil, la menos financiada con recursos públicos. PIB dedicado a educación por las familias (0,5%) es superior a la media europea (0,3%).Mientras que el dedicado por el sector público es claramente inferior (3,8% frente a 4,6%).El gasto privado, en cambio, cuyo volumen es mucho menor, ha avanzado con intensidad superando en 2013 en un 40% el nivel de 2000.El gasto público real en educación por habitante aumentó un 20% desde el 2000 hasta 2009, pero en 2013 había retrocedido al nivel de 2000.Gasto educativo en España en 2013: 69.653,9 millones. El análisis de los resultados PISA por el gasto educativo indica que el efecto de éste es positivo en centros públicos, pero no en privados. La financiación muy mayoritariamente pública del sistema educativo español facilita, pero no asegura, la igualdad de oportunidades educativas. Países con niveles similares de gasto puntúan en PISA muy diferente y viceversa. El gasto en educación de los países tiene una importancia limitada para explicar los resultados educativos. Los gastos de personal, representan el 80% de los costes de los centros. Las aportaciones de los hogares a la financiación de la educación privada representan alrededor del 45% del total de los ingresos de estos. Las aportaciones de las Administraciones a la enseñanza privadas representan casi el 50% de sus recursos; en ESO y FP más del 60%. Los hogares han incrementado sus contribuciones a la financiación de la educación pública desde el 4,3% al 6,1%. Según las comparaciones con países europeos, el % del PIB dedicado a educación por el sector público claramente inferior (3,8% frente a 4,6%) El gasto importa pero también importa cómo se asignan los recursos educativos.
En este estudio se afirma lo que sigue: “La evidencia indica, en suma, que el gasto importa pero a partir de cierto nivel del mismo también importa, y mucho, cómo se asignan los recursos educativos, es decir, la eficiencia con la que se gasta. Así, por ejemplo, los sistemas educativos con mejor rendimiento no destacan particularmente por sus bajas ratios de alumnos por profesor o por las proporciones de educación pública y privada, sino por su preocupación por la calidad educativa. Esta se refleja en ocasiones en aspectos organizativos, como la autonomía de los centros para la selección del profesorado y el uso de su retribución como instrumento para atraer a los mejores candidatos a la docencia. Si se considera deseable una recuperación del esfuerzo público en educación desde el actual punto de partida, debería recordarse que gastar más no es lo mismo que gastar mejor. Para poder esperar de un mayor gasto educativo mejoras de eficacia, eficiencia y equidad es importante tener presentes algunas lecciones de la experiencia, tanto propia como de otros países. Una de las razones por las que esto sucede es que las políticas educativas en España siguen sin ser diseñadas de modo que sus consecuencias puedan ser evaluadas a fondo. Por tanto, resulta necesario insistir de nuevo en la necesidad de que cuando se plantee gastar más ,las políticas se diseñe de manera que resulte posible saber si con ese gasto los resultados mejoran.“
Independientemente de que se esté más o menos de acuerdo con estas u otras conclusiones del estudio, lo que sí se pone de manifiesto es la necesidad de que la sociedad civil acceda a los datos educativos. Sólo desde el rigor de los datos y las aportaciones técnicas, se podrá mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Estamos cansados de tantos charlatanes pseudoeducativos y al mismo tiempo, nos encontramos ávidos de evidencias sólidas, precisas y fiables. Además, existe una resistencia a hacer públicos los datos del sistema. ¿Por qué esa cerrazón a la información y a la transparencia? Lo pernicioso no es la claridad de los datos, sino el uso que de estos se haga. Si los datos no se utilizan para mejorar, asesorar, orientar y capacitar al profesorado y directivos, así como para sensibilizar a la sociedad en su conjunto de la necesidad de disponer de una educación de alta calidad, sino que se despliegan como armas arrojadizas sin argumentos y sin contextualización, entonces mejor no publicarlos. Si los recursos públicos no mejoraran la cohesión social y la empleabilidad de los ciudadanos, cabría poner en duda su sentido y eficacia. Nos sobra especulación ideológica.
Terminamos con una propuesta constructiva. Si partiendo de unos niveles cercanos al 5% del PIB, el presupuesto deja de ser un problema educativo en el contexto de la realidad española, para garantizar ese indicador de calidad, se haría necesario que, en los intervalos de bonanza económica, se fuera progresivamente reservando y acumulando un fondo de liquidez para que, precisamente cuando fuera necesario por motivos de inestabilidad presupuestaria; este fondo se ejecutara a efectos de garantizar ese 5% del PIB que sería, a día de hoy, un umbral más que aceptable. Al igual que ocurre con las pensiones, estaríamos hablando de un fondo de reserva para la garantía de la calidad de nuestro sistema educativo.
Nos hacemos eco de lo que se manifiesta en el estudio que vertebra este artículo y que pone encima de la mesa, lo siguiente: “la experiencia de los años analizados indica que la inestabilidad financiera no es el entorno deseable para las actividades educativas, porque no favorece su mejora por vías que requieren trabajar en condiciones estables y con horizontes de largo plazo. Evitar la inestabilidad requiere, en primer lugar, prudencia en los incrementos del gasto durante las expansiones y vinculación de los mismos a resultados. En segundo lugar, ahorrar para dotar durante las épocas de abundancia fondos de reserva —como el de la seguridad social— capaces de proteger de los ajustes a las actividades educativas durante una crisis.”
En la imagen superior, Fernández Franco durante su intervención en el ciclo de ISA, en una fotografía tomada por el socio Antonio Pérez.
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