El gravísimo caso en Sevilla de productos cárnicos contaminados con la bacteria listeria, que es el segundo brote de listeriosis a nivel mundial con más afectados, tras el que se produjo en Suráfrica en 2017, obliga en Sevilla y Andalucía a una urgente revisión y profunda mejora de todo el sistema de prevención e inspección de la producción, distribución y venta en la cadena agroalimentaria. Porque la alerta sanitaria ante el gran volumen de personas hospitalizadas se ha visto acompañada por el descubrimiento de que la empresa fabricante de carnes y embutidos en mal estado comenzó hace seis años su actividad sin tener los preceptivos permisos y certificaciones.

Durante el mes de agosto, el balance oficial en toda España es de tres fallecidos, cinco mujeres que han sufrido abortos y un total de 201 personas afectadas.

Quien tiene la responsabilidad sobre la fabricación y venta de alimentos con alta concentración de la bacteria listeria es la empresa Magrudis. Que, a tenor de lo sucedido desde que se descubrió el origen del alarmante brote infeccioso, no ha facilitado desde el principio a las administraciones públicas toda la información sobre sus productos con marca propia o con ‘marca blanca’, pese a que estaba en juego la salud de los potenciales consumidores y urgía la transparencia para detectar y retirar cuanto antes todas las partidas distribuidas en cualquier lugar de España.

Pero el conocimiento de todas las actuaciones llevadas a cabo durante el mes de agosto por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto de manifiesto que faltó celeridad y coordinación para ir todos a una en el esclarecimiento inmediato del caso, desde que en los principales hospitales de la ciudad comenzó a registrarse una gran afluencia de personas con síntomas parecidos. Por ejemplo, no parece coherente en la toma de decisiones administrativas que, si los análisis de laboratorio ya habían determinado el 14 de agosto que el foco contaminante era la carne mechada elaborada y vendida por la empresa Magrudis, y ese día se ordenó a la empresa la paralización de su actividad industrial, que el Ayuntamiento demorara hasta el 28 de agosto, dos semanas después, la orden de precintar sus instalaciones.

La sede de la empresa Magrudis, en el Polígono Industrial El Pino, del término municipal de Sevilla, donde comenzó en 2013 su actividad de producción alimentaria sin tener permisos para ello.

En la responsabilidad ‘in vigilando’ que compete a las administraciones públicas en sus respectivas funciones, y en la representatividad inherente a los partidos políticos para defender los intereses de la ciudadanía y el bien común, lo peor ha sido constatar la inmoral utilización de un problema de salud pública para convertirlo en ataques partidistas. Vergonzoso. Desde el PP para poner el foco en el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE, y preservar a la Consejería de Salud, dirigida por el PP. Y desde el PSOE para defender al Ayuntamiento hispalense y orientarlo como ariete contra el nuevo gobierno andaluz.

En cuanto se ponen nerviosos por el eco que adquiere un tema grave, la tentación de algunas camarillas políticas (no todos son así en el seno de cada partido ni de cada institución) es utilizar a los periodistas y entidades sociales más afines para que el asunto se enfoque con medias verdades y como argumentario de confrontación. En esto reside una de las principales causas del descrédito que padece la política. La falta de lealtad institucional es lamentable. Los arribistas consideran que hacen méritos para sí mismos y para su partido emporquerando el debate público. Incluso durante los días de una alerta sanitaria.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en la reunión de coordinación que encabezaron el 23 de agosto, cuando el brote de listeriosis era ya una alarma nacional tras identificarse el 14 de agosto la carne infectada.

Es inaplazable restablecer de inmediato la lealtad institucional y darle el protagonismo a expertos y técnicos para mejorar cuanto antes los métodos de control y de inspección en lo concerniente a la seguridad alimentaria. Porque, a la vista del coladero y de sus consecuencias, es lógico tener recelo sobre si habrá o no otras empresas y otros establecimientos que funcionen igual de mal produciendo o manejando alimentos. Es lo mínimo que se merece toda la ciudadanía, y todos los empresarios y profesionales que cumplen escrupulosamente los procedimientos y protocolos en sus fábricas, almacenes, medios de transporte, supermercados, plazas de abasto y bares. Y la reputación de Sevilla como ciudad donde comer con todas las garantías. Por ello, también resulta muy importante acrecentar la colaboración desde las asociaciones empresariales que representan a sectores como mayoristas, hosteleros, comerciantes, mercadillos, para que extremen el celo y eviten que en su seno se introduzcan empresarios incapaces de autorregularse y tan temerarios que hacen circular productos alimenticios sin tener en regla todas las licencias sobre su actividad y sobre sus instalaciones.