En la semana en que se tramita el proceso de admisión a los centros educativos del alumnado de Infantil, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado en rueda de prensa [en la imagen superior] una panorámica de la situación que atraviesa la educación pública en Andalucía. La organización denuncia las graves consecuencias en detrimento de la calidad de la enseñanza que se están produciendo debido a los recortes en Educación, cifrados en Andalucía en un 14,3% en un reciente estudio del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, titulado ‘Sanidad, Educación y Protección Social: Recortes Durante la Crisis’.
La APDHA asegura que estos recortes ocasionan graves retrasos en la cobertura de las bajas del profesorado, que llegan a extenderse hasta 20 o 30 días. Dada la cantidad de casos documentados, añaden, “no se trata de una situación puntual”, sino una norma que trae nefastas consecuencias para el funcionamiento de los centros y, más importante aún, para la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros públicos o sostenidos con fondos públicos. Además, la organización solicita la eliminación del sistema de cupos, que limita la sustitución de profesorado por curso a un número de horas.
La ausencia de profesorado se intenta paliar, denuncian, con el uso del personal de apoyo de Educación Infantil de 3 a 6 años para cubrir los permisos y bajas docentes, una práctica habitual que obliga a desatender al alumnado con necesidades especiales o las clases de refuerzo contra el fracaso escolar. Una prueba de que no se están sustituyendo las bajas, según PADEI (Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil), es que las bolsas de empleo prácticamente no se mueven desde hace tres años. Según esta plataforma, en esta bolsa hay 308 interinos y unos 4.000 aspirantes (opositores que aprobaron sin plaza y que no tienen ningún día de servicio).
Además, asegura la APDHA, es “especialmente sangrante” la supresión de líneas de Educación Infantil, justificada por la Junta de Andalucía a tenor de la baja natalidad, que encuentran respaldo principalmente en la educación concertada. Según datos de PADEI, de 2010 a 2015 el alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil en Andalucía ha disminuido en la enseñanza pública en 15.333 alumnos, lo que supone un descenso del 6,79%.
Y es en los alumnos con dificultades de aprendizaje, con frecuencia los más afectados, en los que se produce otra de las severas consecuencias de los recortes, ya que ven cómo su evolución se ve ralentizada o postergada. “No podemos admitir las políticas de recortes en monitores para la educación especial, ni la escasez tan acusada de educadores sociales en los centros educativos, así como el acceso al currículum que tienen los alumnos con discapacidad sensorial o motora”.
Esta realidad, asegura la organización, se suma a una reducción significativa de la plantilla de profesores en más de 4.500 plazas –según los sindicatos CCOO, USTEA y APIA-, al recorte salarial de todo el personal educativo, al aumento de la ratio, la privatización de servicios y recursos educativos, la poca oferta de plazas en la Formación Profesional, la reducción de personal de administración y servicios, la falta de adaptación para personas adultas y migrantes, la ausencia de educación en valores, la interrupción del servicio de comedor escolar que garantice la adecuada nutrición de menores en situación de riesgo y que muchos estudiantes en Andalucía hayan tenido que dejar sus estudios por no tener recursos y becas disponibles.
A juicio de la APDHA, todos estos factores piden un Pacto por una Educación Pública, Laica, Gratuita y de Calidad que ponga fin a este “grave deterioro” que debe ser atajado cuanto antes, para que la calidad de la enseñanza en Andalucía no siga el proceso de decadencia en el que se ve inmerso desde hace años.
No Comment